Saturday, May 02, 2015

CORTE SUPREMA DICTA CONDENA POR SECUESTRO CALIFICADO DE PEDRO ACEVEDO GALLARDO - COPIAPÓ


Pedro Acevedo Gallardo
30/04/2015
En el fallo (causa rol 22979-2014), la Segunda Sala -integrada por los ministros los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- determinó penas de 6 años de presidio para el oficial de Ejército en retiro Patricio Román Herrera y el suboficial de Carabineros en retiro Pedro Vivian Guaita; y de 5 años de presidio para el oficial de Carabineros en retiro Francisco León Jamett, concediéndose el beneficio de la libertad vigilada.
La  investigación, a cargo del ministro Mario Carroza, logró establecer que: "El 28 de abril de 1975, alrededor de las 20 horas, en el domicilio de calle Puente Ojancos N°3 de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, se presentó una patrulla del Cire, formada por funcionarios pertenecientes al Ejército y Carabineros de Chile, quienes allanaron el inmueble y procedieron a detener a Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, luego lo trasladaron hasta el Regimiento de Infantería N° 23 de la misma ciudad, lugar en el que luego de ser interrogado, quedó detenido e ingresado a un cuarto, informándose a los familiares luego de unos días, que el detenido se había fugado del recinto militar y que se ignoraba su paradero. No obstante, hasta la fecha Pedro Acevedo Gallardo se encuentra desaparecido".
Se concluye entonces por el ministro que ese hecho es constitutivo del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal, vigente a la época de perpetrado el delito, "atendido a que la víctima fue ilegítimamente privada de libertad, sin orden judicial que lo justificara, prolongándose esta por más de 90 días, resultando un grave daño en la persona de Pedro Acevedo Gallardo, al desconocerse hasta la fecha su paradero o destino final".
La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes fueron partidarios de acoger la figura de la media prescripción.
VER FALLO (PDF)

Pedro Acevedo Gallardo






PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALLARDO


Rut : 6.520.256-5 (72.764 - Copiapó)
F.Nacim. : 24-03-56, 19 años a la fecha de su detención
Domicilio : Ojancos N°3, comuna Tierra Amarilla - Copiapó
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante Universidad Técnica del Estado, Sede Copiapó, Ingeniería de Minas
C.Repres. : Militante Juventudes Comunistas (JJ.CC.)
F.Detenc. : 28 de abril de 1975

Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, soltero, 19 años, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, militante comunista, fue detenido el día 28 de abril de 1975, en su domicilio de Tierra Amarilla; alrededor de las 22:00 horas, ingresaron, repentinamente, por la parte posterior de la casa, cinco agentes de los servicios de seguridad regional (CIRE), entre los que se encontraban el Teniente de Carabineros Francisco León Jamett, y los sargentos de la misma institución policial Pedro Eduardo Vivian Guaita y Manuel Jesús Retamal Cifuentes, además de un sargento de Ejército de apellido Valderrama. Testigos de la detención fueron su madre y hermanos.

Después de allanar prolijamente las distintas dependencias, e inquirir por una máquina de escribir, procedieron a detener al afectado y trasladarlo hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó" en una camioneta blanca particular.

Al día siguiente, a las 09:00 de la mañana, Ana Virginia Gallardo Morán, madre de Pedro Gabriel, acudió al Regimiento para inquirir informaciones sobre su hijo. En esos momentos vio salir, vestido de civil, el agente aprehensor a quien ella había identificado como el sargento Valderrama. Al acercarse a él, éste le pidió que lo esperara unos 10 minutos porque tenía que efectuar una diligencia. A las tres de la tarde, Ana Virginia Gallardo decidió regresar a su hogar, sin que el Sargento hubiese retornado aún y sin que nadie la informara sobre la situación del afectado.

Durante su ausencia, el mismo sargento Valderrama, acompañado de otros agentes, había vuelto a la casa, realizado un nuevo allanamiento y provocado la destrucción de varios enseres domésticos. Andaban buscando, según lo manifestaron a Georgina Acevedo, hermana de Pedro Gabriel, a otras personas que figuraban en una lista de personas que actuaban políticamente junto al detenido y una máquina de escribir.

Ana Virginia Gallardo salió, entonces, otra vez hacia el Regimiento, en donde le informaron que su hijo había quedado detenido en la Tenencia de Carabineros de Tierra Amarilla. Cuando ella llegó a ese recinto policial, fue sólo para enterarse de que esa información era falsa. Los hechos posteriores, así se lo confirmarían. Pedro Gabriel Acevedo Gallardo siempre había permanecido detenido en el Regimiento.

El 1° de mayo de 1975, el hogar fue allanada por tercera vez por agentes de los servicios de seguridad, que se movilizaban en 2 camionetas, una llevaba disco de Enami. Al preguntar Ana Virginia Gallardo por el afectado, obtuvo una respuesta que no esperaba: andaban tras Pedro Gabriel Acevedo Gallardo porque en la madrugada de ese día -dijeron los agentes- se había fugado del Regimiento "Copiapó". Días después, el hogar de Juana Rosa Ramírez, abuela paterna de la víctima, también recibió la visita de tres uniformados (ella no identificó a qué rama de las Fuerzas Armadas pertenecían), quienes le dijeron andar buscando a su nieto porque se había fugado, agregando que tuvieron que balearlo. Situación similar se produjo en la casa de Rosa Herminia Acevedo Ramírez, tía de Pedro Gabriel.

Durante la tramitación del proceso iniciado por una denuncia de presunta desgracia, se logró develar la participación de tres agentes -todos miembros de Carabineros- en la detención de Pedro Gabriel Acevedo. No se individualizó, sin embargo, a los aprehensores pertenecientes al Ejército y funcionarios del Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", uno de los cuales sería un sargento de apellido Valderrama.

A través de las declaraciones de los carabineros -Pedro Eduardo Vivian Guaita, Manuel Jesús Retamal Cifuentes, ambos sargentos, y de Francisco León Jamett, en 1975 Teniente a cargo de la Tenencia de Tierra Amarilla- se estableció que, entre los años 1974 y 1975, funcionaba en Copiapó un equipo especial de detección, rastreo y detención de participantes en "actividades subversivas en la zona".

Dicho equipo -según lo declararon los mismos sargentos- estaba integrado por distintos funcionarios, tanto por carabineros como por personal del Ejército y funcionaba bajo el mando del Jefe de la Zona en Estado de Emergencia, Teniente Coronel Arturo Alvarez Sgolia, quien además era el Comandante del Regimiento "Copiapó".

Según lo manifestó el funcionario policial Manuel Jesús Retamal Cifuentes, en Tierra Amarilla, entre 1974 y 1975, se detuvo a muchas personas, hombres, mujeres y jóvenes, todos los cuales fueron puestos a disposición de los Servicios Especializados del Ejército que funcionaban en el Regimiento. Esta información fue corroborada por el Teniente Francisco León Jamett, quien declaró haber participado en varios operativos conjuntamente con militares y que todos los detenidos fueron entregados en el recinto militar.

Por su parte, el militar Arturo Alvarez Sgolia -en una declaración por exhorto al Tribunal- dijo, el 7 de abril de 1981, que efectivamente el afectado había sido detenido el 28 de abril de 1975 en el Regimiento que en ese entonces él comandaba. A ese reconocimiento, Alvarez Sgolia agregó que, sin embargo, Acevedo Gallardo se había fugado el 1° de mayo de 1975, a las 3 de la mañana, "abriendo un forado".

Hasta la fecha, Pedro Gabriel Acevedo Gallardo continúa desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 4 de agosto de 1978, Ana Virginia Gallardo Morán, interpuso ante el 2do. Juzgado del Crimen de Copiapó, una denuncia de presunta desgracia por su hijo, la que fue rolada con el N°6509. La madre señaló no haber recurrido anteriormente a la justicia por temer por la suerte de su otro hijo que estaba cumpliendo el servicio militar.

Durante la tramitación del proceso -el que fue cerrado y reabierto en cinco oportunidades, encontrándose actualmente archivado -además de tomarse declaraciones a los testigos de la detención de Pedro Gabriel Acevedo, se citó a los tres carabineros que participaron en su detención. Por su parte, el Mayor Juan Nielsen Stambuk, oficial de Seguridad del Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", informó al Tribunal, el 31 de octubre de 1980, que el afectado había sido detenido con el fin de investigar la procedencia de "panfletos y literatura marxista encontrada en su domicilio". Informaba también de la fuga de éste, ocurrida el 1° de mayo de 1975, luego de que el detenido "abriera un forado en la pieza en que se encontraba recluido".

El 11 de julio de 1980, se presentó ante el mismo Tribunal una querella por allanamiento ilegal de morada, secuestro y eventual homicidio del afectado, en contra de Francisco León Jamett, Pedro Eduardo Vivian Guaita, Manuel Jesús Retamal Cifuentes y del Coronel Arturo Alvarez Sgolia. Una vez que este último hubo declarado por exhorto -el 7 de abril de 1981- el 28 de abril del mismo año, se cerró el sumario y se le sobreseyó temporalmente el 4 de mayo de 1981. La Corte de Apelaciones de Copiapó, aprobó la resolución el 13 de junio de 1981. Durante toda la tramitación del proceso, no se supo de la existencia de un sumario interno del Ejército por la supuesta fuga del afectado.

Simultáneamente a este proceso, se habían hecho dos solicitudes de petición de Ministro en Visita para conocer del desaparecimiento de Pedro Gabriel Acevedo. En 1978, lo habían hecho los Vicarios Episcopales de Santiago ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, en noviembre de 1980, el Obispo de Copiapó, Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, pidió a la Corte de Apelaciones de esa ciudad la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria para que se avocara al conocimiento de los procesos seguidos por la desaparición de Alonso Lazo Rojas, Aladín Esteban Rojas Ramírez y de Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, todos detenidos y desaparecidos el año 1975 en Copiapó. El 26 de diciembre de 1980, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud.

SoyCopiapo.cl
15 de Julio 2014
Condenan a ex agentes del Estado por secuestro calificado de copiapino en la dictadura
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, formada por los ministros Patricio Villarroel, María Soledad Melo y Ana Cienfuegos dictó sentencia de segunda instancia por el secuestro calificado de Pedro Acevedo Gallardo, ocurrido a partir del 28 de abril de 1975 en Copiapó.
El tribunal determinó la pena de 5 años de presidio, concediendo el beneficio de la libertad vigilada a los ex agentes de Estado Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita y Francisco León Jammet. Esto se debió a que se consideró la figura de la media prescripción para rebajar el fallo del ministro Mario Carroza, que el 18 de noviembre pasado había condenado a los agentes Román Herrera y Vivian Guaita a 6 años de presidio y a León Jammet a tres años y un día de presidio.
Según los antecedentes de la investigación, el 28 de abril de 1975, funcionarios pertenecientes al Ejército y Carabineros de Chile, allanaron el inmueble y detuvieron a Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, luego lo trasladaron hasta el Regimiento de Infantería N° 23 de la misma ciudad, lugar en el que luego de ser interrogado, quedó detenido e ingresado a un cuarto. Tras unos días, se le informó a los familiares, que el detenido se había fugado del recinto militar y que se ignoraba su paradero. No obstante, hasta la fecha Pedro Acevedo Gallardo se encuentra desaparecido.
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Friday, May 01, 2015

SE DICTA SENTENCIA EN EPISODIO COPIAPÓ DE LA “CARAVANA DE LA MUERTE”


21/04/2015
MINISTRA PATRICIA GONZÁLEZ DICTA SENTENCIA EN EPISODIO COPIAPÓ DE LA “CARAVANA DE LA MUERTE”
La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Patricia González Quiroz, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los homicidios perpetrados el 17 de octubre de 1973, en el denominado episodio Copiapó del caso "Caravana de la Muerte".
En la resolución, la ministra González condenó a los oficiales en retiro del Ejército: Sergio Arredondo GonzálezPedro Espinoza Bravo Marcelo Moren Brito, a penas de 3 años y un día de presidio por los delitos de secuestros simples, y de 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl  Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Sanhueza, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo.
Asimismo, la ministra condenó a: Sergio Arredondo GonzálezPedro Espinoza Bravo Marcelo Moren Brito, a  penas de 15 años y un día de presidio por los secuestros calificados de: Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada. En tanto, Patricio Díaz AranedaRicardo Yañez MoraWaldo Ojeda Torrent Marcelo Marambio Molina, deberán cumplir 2 años de presidio por el delito de  secuestro simple y 10 años y un día de presidio por los homicidios de Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl  Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Sanhueza, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo.
Finalmente, sentenció a Edwin Herbstaedt Gálvez Fernando Castillo Cruz a penas de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificado de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada.
En el aspecto civil, la ministra Patricia González condenó al fisco y los demandados a pagar la suma total de $6.400.000.000 (seis mil cuatrocientos millones de pesos) a los familiares de las víctimas.

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Friday, March 06, 2015

Corte deja en libertad bajo fianza a ex militar Santiago Sinclair

Corte deja en libertad bajo fianza a ex militar Santiago Sinclair

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, imputado por ser parte de la Caravana de la Muerte y el homicidio de 12 personas pagó una fianza de 200 mil pesos.


Sábado 7 de febrero de 2015 | por Nación.cl
 
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó hoy en libertad bajo fianza al general en retiro  Santiago Sinclair, ex vicecomandante en jefe del Ejército, antiguo integrante de la Junta Militar e imputado por el homicidio de doce campesinos en el caso "Caravana de la Muerte".
El ente judicial decretó la libertad de Sinclair y otros tres oficiales retirados procesados en el mismo caso tras el pago de 200 mil pesos de fianza. Los militares retirados fueron arrestados el jueves y estaban presos en el Batallón de Policía Militar, en Peñalolén.
Según los antecedentes de la investigación, Sinclair, que en esa época era comandante de un regimiento militar en Valdivia, integró un supuesto consejo de guerra en el que se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Las víctimas fueron acusadas falsamente de asaltar un retén de Carabineros cerca de Valdivia la noche siguiente al golpe de Estado. La mayoría eran obreros de una empresa forestal que ese dia se manifestaron ante una comisaría para pedir a los policías que no se plegaran a la asonada militar. Los campesinos fueron ejecutados entre el 3 y 4 de octubre en un predio militar de Llancahue, cerca de Valdivia.
Sinclair, de 87 años, ocupó el segundo cargo en el Ejército tras Pinochet hasta 1989 y perteneció en ese período a la Junta Militar, integrada por los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y que detentaba el Poder Legislativo. Después de la restauración de la democracia en 1990, Sinclair fue designado senador en representación del Ejército, hasta 1997.

Friday, February 27, 2015

Corte Suprema dicta sentencia definitiva contra miembros de la DINA por desapariciones en 1974

Clarin
Publicado el 27 Febrero 2015

La Corte Suprema  dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez, detenidos el 23 de julio y 23 de agosto de 1974, respectiva mente,  proceso que investigó en primera instancia el ministro en visita Alejandro Solís.
 
En fallo unánime (rol 22.343-2014) la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda acogieron el recurso de casación sólo para condenar al Fisco  por el daño moral provocado y conceder indemnziación de  $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) a Magaly González Pérez, hermana de una de las víctimas.
 
En el aspecto penal se ratificó la sentencia que condenó a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  César Manríquez Bravo, Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich González, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Ramírez Hald y Haroldo Latorre Sánchez a penas de  10 años y un día de presidio como responsables de ambos ilícitos.
 
El fallo determina que en casos por violaciones a los derechos humanos las acciones judiciales son imprescriptibles tanto en el aspecto penal como en el civil
 
"Que la excepción de prescripción de la acción civil será también desestimada porque, como lo ha decidido esta Corte en numerosos pronunciamientos, tratándose de una violación a los derechos humanos el criterio rector, en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil, se encuentra en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es con mucho posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera, pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de las contravenciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas humanas conceptualizada como un hecho jurídico de graves consecuencias sólo en la segunda mitad del siglo XX.
Conforme a lo expuesto, no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida como de naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual o extracontractual, sino configurativos de un delito de lesa humanidad, del cual emana, además de la acción penal,  una civil reparatoria.
El carácter de delito de lesa humanidad hace aplicable también, en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que "el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales" y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Así, el derecho de las víctimas y de sus familiares a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política", dice el fallo.
 
De acuerdo a la investigación del ministro Alejandro Solís se logró determina que:
 
RODOLFO  VALENTIN GONZÁLEZ PÉREZ,  de 19 años de edad, era conscripto de la FACH y fue detenido el día 23 de julio de 1974 en su domicilio, en presencia de su tía María González, por un sujeto joven que ingresó a la casa y conversó un rato con él y luego se fueron sin decir dónde. Cuando sobrevino el "golpe militar" había sido  destinado a las filas de la DINA; entre las labores que le correspondía efectuar estaba la custodia de los  detenidos que se encontraban en el Hospital Militar y les ayudó a varios de ellos, trayendo y llevando correspondencia con sus familiares, siendo delatado por Luz Arce de este hecho. Fue detenido  y trasladado hasta "Villa Grimaldi", lugar donde los demás agentes de la DINA lo trataron muy mal, de un modo despectivo, por ser "traidor". Fue torturado y para escapar de los castigos de lanzó desde "La Torre" y resultó herido de su pierna derecha hasta que  un día fue  sacado de ese recinto y nunca más se supo de su paradero. Su nombre apareció en el diario O" día de Curitiva, Brasil, junto al de  otros "59 extremistas chilenos pertenecientes al MIR, que habrían caído muertos en enfrentamientos", perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción"
 
"JOSE ORLANDO FLORES ARAYA, de 19 años de edad, soltero, estudiante secundario, militante del Partido Comunista, fue detenido el día viernes 23 de agosto de 1974, aproximadamente a las 10,00 horas, por una patrulla militar desde el interior de la Escuela Industrial "4 Álamos", de Maipú; los uniformados se encontraban al mando del Teniente Haroldo Latorre Sánchez; Flores Araya fue aprehendido y sacado de la Escuela  por ser portador de una lista para conseguir dineros para el Partido Comunista y fue trasladado hasta la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Blanco Encalada N°1550. En ese lugar fue reconocido por el profesor José Alfaro  quien había sido detenido  momentos antes; José Orlando Flores fue interrogado por el Teniente Hernán Ramírez Hald, jefe del Departamento II), de Inteligencia, de la Escuela de Suboficiales del Ejército y esa misma noche lo pusieron a disposición de agentes de la DINA, sin que se registrara su libertad en el Libro respectivo de la Unidad Militar. Los agentes trasladaron a ambos detenidos, Flores y Alfaro, hasta el recinto de "Villa Grimaldi", en ese lugar  este último escuchó nombrar a Flores y la voz de éste al responder la lista y agrega  que el joven  fue torturado al menos en tres ocasiones. El día 29 de agosto un agente de la DINA concurrió a la casa del detenido señalándole a la madre que su hijo se encontraba  a disposición de  la DINA, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción"
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Amnistía Internacional le tira las orejas a Chile por no derogar Ley de Amnistía. Todas las miradas van hacia el Senado

26/02/2015 |
Por Equipo Cambio21
Ante las críticas de Amnistía Internacional y de la Cámara Baja, desde el Senado aseguraron que durante marzo se avanzará en esta materia. Diputado Jiménez: "Falta que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate".
La eliminación de la Ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet durante 2013. Ya instalada en La Moneda, la Mandataria le puso "suma urgencia" a la iniciativa, específicamente en septiembre de 2014, fecha recordatoria del golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, producto de lo recargado de la agenda legislativa el tema quedó anclado en el "sueño de los justos" y "anclada en el Parlamento sin avanzar", como alegan en Amnistía Internacional, entidad que instó al Gobierno de la Nueva Mayoría a apurar la derogación de la ley, que como se sabe fue dictada en el régimen de Augusto Pinochet en 1978.

"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", declaró el director de la organización en Chile, Roberto Morales, quien presentó en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo".

Cabe recordar que el Decreto Ley 2.191 del 10 de marzo de 1978 exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos y violaciones a los DD.HH. El texto fue redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, en la foto, y les concede "a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

En el recorrido de esta legislación se cuenta una moción presentada el 21 de abril de 2006 (al inicio del primer Gobierno de Michelle Bachelet) por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Alejandro Navarro (PS hoy del MAS) que planteaba la derogación.

Más adelante, en 2010, fue archivada, decisión que fue revertida el 28 de enero de 2014 (gestión de Sebastián Piñera) por determinación de la sala.

¿No están los votos?


"No entiendo por qué ha sido tan difícil eliminar una ley que fue decretada por un propio Gobierno", dice el diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez (PPD).

En diálogo con Cambio21, el parlamentario expresó que "la ley partió ilegítima porque vino de un Gobierno que cometió los ilícitos y que después hace una ley de autoamnistía para salvarse. Nos ha costado muchos años eliminarla. Recuerdo que con Juan Bustos (fallecido) presentamos un proyecto que reinterpretaba el artículo 93, que en el fondo terminaba con la amnistía. Por eso que es atendible que vengan estos consejos internacionales para terminar con esta legislación".

"Chile tiene que ponerse a la altura y hacer todos los esfuerzos. Así lo expresó el Gobierno en septiembre pasado, por lo que esperamos que el Senado reaccione y pueda terminar de una vez por todas empezar la discusión de este proyecto y aprobarlo que es lo más importante", remarcó.

A juicio del dirigente, "espero" que estén todos los votos. "Nunca se sabe. Aquí en política aprendí a responder por mí y por mis votos. Uno de repente dice: acá están y después no aparecen. Lo que sí entiendo es que la derecha siempre se ha opuesto a esta eliminación, pero creo que hoy día debiéramos tener mayoría. En la Cámara la tuvimos y en el Senado también deberían estar los votos".

A favor el oficialismo tiene que los senadores ex RN Lily Pérez y Antonio Horvath "han estado por aprobar la eliminación de la amnistía", por lo que "deberíamos tener los votos, aunque hay que esperar el fin del conteo, pero debieran estar. Falta, eso sí, que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate", concluyó.

Marzo es cuándo

Ante la crítica declaración de Amnistía Internacional y del diputado Jiménez, el senador y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS), aseguró a este medio que "avanzar en la eliminación de la ley de amnistía es excelente".

"Todo lo que tenga que ver con temas que ayuden a los derechos humanos hay que estudiarlo. Y en ese sentido, el compromiso escencial es comenzar a verlo en marzo", agregó.

En su defensa, el ex alcalde indicó que durante 2014 "hubo otros proyectos" que coparon la agenda, "como el acuerdo de vida en pareja (futuro AUC), el cambio de sistema electoral, entre otros" y que a contar de marzo "lo veremos... que no le queda duda", anticipó.
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Friday, February 06, 2015

Procesan a Ex integrante de la junta de Gobierno por crímenes de la Caravana de la Muerte

El Ciudadano
06.02.2015

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La  Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a procesos a  cino militares en retiro por su responsabilidad denominada Caravana de la Muerte, episodio Valdivia, por la serie de homicidios cometidos el  3 y 4 de octubre de 1973. Entre los procesados figura el general (R) Santiago Sinclair Oyaneder, ex integrante de la Junta de Gobierno, y ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, quién de esta manera se convierte en el militar de mayor rango en ser declarado reo en alguna causa por violación de derechos humanos. Conviene consignar que la Corte de Apelaciones revocó  la decisión de la ministra de primera instancia, Patricia González, quién había negado el procesamiento.
El tribunal de alzada procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera por su responsabilidad en los hechos y revocó  la decisión de la ministra Patricia González que había negado el procesamiento.
El 13 de mayo pasado la ministra González  determinó procesar a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito  como autores de los homicidios de Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Rudolph  Reyes,  Víctor Saavedra  Muñoz, Santiago  García Morales,  Luis Valenzuela Ferrada, Sergio  Bravo  Aguilera , Luis  Pezo  Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Barría Ordoñes, Enrique Guzmán  Soto y  José Barrientos  Warner.
En otra resolución la magistrada procesó como autores del homicidio de José Liendo Vera  a los ex miembros del Ejército  Sergio Arellano Stark, Pedro  Espinoza Bravo, Marcelo  Moren Brito, Carlos  López Tapia y Juan  Chiminelli Fullerton y como cómplices  a Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.
De acuerdo  a la resolución:
“El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos;  Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”.
Para el caso de Liendo Vera se determinó:
“A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe”.
El general (r) Sinclair y la Caravana de la muerte
El general en retiro del Ejército, ex miembro de la Junta Militar y ex senador designado Santiago Sinclair fue detenido el jueves junto a otros tres ex uniformados por su participación en el homicidio de 12 personas durante el paso de la “Caravana de la muerte” por Valdivia.
Junto a Sinclair, fueron arrestados en calidad de autores Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido.
Quedó pendiente, en tanto, la detención de Hugo Guerra Jorquera.
La investigación acreditó que la muerte de 12 personas en octubre de 1973 fue coordinada por Sergio Arellano Stark, líder de la “Caravana de la Muerte”, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo y el general (r) Sinclair.
Todos los procesados por la ministra Patricia González ingresaron a la Brigada de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones, ubicado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.
Sinclair fue quién le indicó a Sergio Arellano Stark quienes eran los 12 detenidos – entre los que se encontraban campesinos, dirigentes sindicales y militantes del MIR- que debían ser ejecutados, según informó el abogado Tomás Pascual, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, querellante en la causa:
“La intervención fue necesaria para que Arellano y su comitiva pudieran acometer estos crímenes, puesto que no se entiende que oficiales de Santiago puedan tener conocimiento de qué personas iban a ejecutar si no son aquellos oficiales de la localidad los que sindiquen qué personas debían ser ejecutadas. En ese sentido, Sinclair junto a Michelsen, junto a Feliú, Manterola, Guerra y una serie de otros sujetos que hoy se encuentran fallecidos- inclusive el para ese entonces comandante en jefe de la IV división del Ejército, señor Bravo Muñoz- llevaron adelante esta acción”.
El jurista destacó que el otrora miembro de la Junta de Gobierno incluso mandató al médico, oficial de sanidad de Valdivia, a constatar las muertes.

Thursday, February 05, 2015

El gobierno de Bachelet da a conocer datos actualizados sobre juicios de DD.HH.

http://www.laizquierdadiario.com/El-gobierno-de-Bachelet-da-a-conocer-datos-actualizados-sobre-juicios-de-DD-HH
Martes 30 de diciembre de 2014 | Edición del día

El gobierno chileno, por primera vez ha entregado de manera oficial, datos actualizados sobre las causas relacionadas a los crímenes de la dictadura cívico militar de Pinochet. Y si bien a simple vista son grandes números, los resultados finales son bastante paupérrimos.




Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la actualidad existen un total de 1045 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en Chile. Cuestión que ha permitido judicializar a 1073 ex agentes, en calidad de procesados, acusados y condenados. De este total, 281 están sentenciados de manera definitiva y de ellos 75 cumplen alguna pena privativa de libertad. El resto, 206 recibieron condenas inferiores a 5 años y 1 día, cuestión que se traduce en cumplir mediante la Libertad Vigilada.
Volviendo a la cifra de los 75 “privados de libertad”, 8 de ellos lo hacen con beneficio intrapenitenciario y 3 cumplen bajo la modalidad de Libertad Condicional. Eso quiere decir que tan solo un total de 64 ex represores son los que están cumpliendo efectivamente en prisión de manera permanente.
En otras palabras, del total de los sentenciados apenas un 22,8% está cumpliendo en cárcel.
Recordemos que el Estado reconoce un total de 3216 víctimas. Otros cientos o miles quedaron como casos sin confirmar. No hay que ser un matemático para ver la absoluta disparidad de las cifras, la diferencia en la justicia.
La perpetua impunidad
Recientemente, una imagen causo indignación en las redes sociales. Un sonriente y solitario caminante por los pasillos del Hospital Militar. Ni más ni menos que Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército, integrante de la Brigada Lautaro de la DINA, el aparato de exterminio de Pinochet. Las organizaciones de derechos humanos, calificaron el hecho como una vergüenza, acusando que las instituciones responsables, Gendarmería y el Hospital Militar, deben clarificar este hecho. Finalmente Gendarmería, declaro que se trataba de un control médico. Y es que en su calidad de militar en retiro, tiene además derecho y acceso a una salud privilegiada y exclusiva de manera gratuita.
Él es uno de los 64 ex represores de Pinochet que “cumple condena”. Pero en una cárcel especial, como ninguna otra en el país, Punta Peuco, la cual cuenta con una docena de cabañas, con dos habitaciones en cada una, además de baño, living, calefacción, acceso a Internet y teléfono, áreas verdes, piscina, cancha de tenis y un lugar para hacer asados. Cárcel que fue construida durante el gobierno del concertacionista Eduardo Frei.
Y es que mientras los jóvenes pobres mueren quemados en cárceles hacinadas, como fue el incendio del año 2010 en la comuna de San Miguel en Santiago, los asesinos de miles, viven con múltiples comodidades en verdaderas casas de veraneo.
El panorama es desolador. Tal como dijese Aylwin hace 25 años atrás, luego que el dictador le entregara la banda presidencial, “haremos justicia en la medida de lo posible…” frase que se convirtió en ley para los gobiernos de la Concertación, y todo indica que así seguirá siendo para la actual Nueva Mayoría.

Wednesday, February 04, 2015

Concesión de Uso Gratuito a largo plazo para Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

04 de Febrero de 2015

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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) dispondrá de una Concesión de Uso Gratuito a largo plazo del inmueble que actualmente ocupa, por decisión del Ministerio de Bienes Nacionales, y como expresión del compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con la defensa de los Derechos Humanos.
El anuncio lo realizó propio titular de la cartera, Víctor Osorio, luego de una reunión con la presidenta de la AFEP, Alicia Lira,  con el fin de regularizar la situación de la sede, que se encuentra ubicada en Carabineros de Chile N° 33, local 3, Santiago.
“En consistencia con las orientaciones programáticas del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que es un Gobierno comprometido con los Derechos Humanos, hemos accedido a la solicitud de la AFEP y acordamos un cronograma de trabajo para que su solicitud quede resuelta a la brevedad”, precisó el Ministro.
El Secretario de Estado recordó que la AFEP constituye una de las agrupaciones históricas del movimiento en defensa de los Derechos Humanos, y como tal ha abierto las puertas de su espacio a otras agrupaciones defensores de los Derechos Humanos y a los movimientos sociales y ciudadanos que así lo requieran.
Por su parte, la presidenta de la AFEP manifestó que la Agrupación quedó en una gran inseguridad luego de que la Administración anterior determinara reducir el plazo de la concesión a dos años y luego no se procediera a dar curso a su renovación, inseguridad que se hizo sentir tanto en la protección de sus archivos como en su propio funcionamiento.
“Es un deber de los Gobiernos crear condiciones a las organizaciones de Derechos Humanos para que puedan funcionar, y llevar adelante sus demandas de verdad y justicia”, indicó Lira, quien estuvo acompañada de Silvia Fernández, integrante del Directorio de la agrupación.
La presidenta de la AFEP dijo que acudió al encuentro con el Ministro Osorio “con la convicción de que respaldaría a nuestra organización, porque conocemos su sensibilidad y su compromiso con los temas de Derechos Humanos”.
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Bienvenidas sean las condenas a criminales de lesa humanidad en Chile; aunque sin voluntad política estarán cojas.

A casi 42 años de los hechos, el juez especial Jorge Zepeda Arancibia sentenció a dos ex oficiales chilenos de inteligencia por el asesinato en el Estadio Nacional de los estadounidenses Charles Edmond Horman, periodista de 31 años, y Frank Randall Teruggi Bombatch, estudiante de 24, fusilados en el Estadio Nacional a los pocos días del golpe que encabezó Pinochet.
 
 
Nuestros Derechos Laborales
 
Bienvenidas sean esas condenas; aunque sin voluntad política estarán cojas.
El llamamiento de “Justicia” aún no se concreta en medidas oficiales específicas.
Por ejemplo, en el plano del debido castigo a quienes ya cuentan con sentencia judicial condenatoria, y que fueron ejecutores de crímenes prodictadura (y digo “ejecutores” porque los promotores, instigadores y cómplices, tales como Agustín Edwards, no son perseguidos).
La ley penal (Código penal, artículo 86), establece que “los condenados a penas privativas de libertad cumplirán sus condenas en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en conformidad al reglamento respectivo”.
Ahora bien, el aludido “reglamento respectivo” es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (decreto supremo 518, de 1998, de Ministerio de Justicia, modificado por última vez el 20 de diciembre de 2011), cuerpo normativo que regula la vida o actividad penitenciaria (lugares de cumplimiento de condena, ambiente de reclusión, visitas, salidas, entre otros muchos temas).
Y este Reglamento es un mero “decreto supremo”, es decir, totalmente modificable por el Poder Ejecutivo. Su modificación parcial o incluso total, requiere solamente la firma (es decir, la voluntad), de la presidenta conjuntamente con el ministro de Justicia y, si hay otras materias, por ejemplo si involucra gasto fiscal, se añade el ministro de Hacienda; si implica construcciones necesita la firma del de Obras Públicas, etc.
Más aun, la creación, modificación y supresión de lugares de cumplimiento de condenas (por ejemplo Punta Peuco), se realiza también mediante “decreto supremo” (artículo 12 del mencionado reglamento); o sea, también es resorte del gobierno.
Y más incluso: la administración de tales lugares, y poderes sobre el régimen de vida al interior de esos penales, es mecanismo radicado esencialmente en el respectivo Jefe de Establecimiento, que, a su vez, es funcionario de la confianza (en la realidad) de la superioridad de Gendarmería, la cual, a su vez, es de confianza (en la realidad) del ministro de Justicia. Es decir, deben seguir sus lineamientos e instrucciones. Si no lo hacen, pueden ser removidos o, más sutilmente, trasladados o reemplazados.
Ellos controlan el trato a los internos.

Esto es sabido por los políticos de la Concertación-Nueva Mayoría, al grado que el 10 de mayo de 2013 –durante el gobierno Piñera- promovieron un pronunciamiento o “Acuerdo” de la Cámara de Diputados (número 714), que fue aprobado por dicha Cámara, y mediante el cual se requirió al Ejecutivo modificar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, de manera que crímenes de lesa humanidad (propios de los agentes de la dictadura), por su gravedad, no fuesen objeto de beneficios carcelarios de ningún tipo. Textualmente, requieren a Sebastián Piñera “… modificar el citado Reglamento, de manera que los delitos considerados crímenes de lesa humanidad, por su gravedad, de acuerdo a los tratados vigentes y ratificados por Chile, en materia de derechos humanos, no podrán ser objeto de beneficios carcelarios de ningún tipo”.
El gobierno de Piñera no lo modificó. Tampoco el actual.

A propósito de Punta Peuco, en febrero del año 2014, ya electa Bachelet pero aun sin asumir, partidarios crédulos daban por hecho que una de sus primeras medidas sería cerrarlo. La prensa partidaria expresaba:
“…se debe cerrar ese espacio de desigualdad. La nueva autoridad que se apresta a asumir, pareciera estar de acuerdo. De hecho, según el presente reporte, los días de Puntas Peuco están contados” (RedDiarioDigital, 17 de febrero de 2014, nota de Mario López). El medio citaba declaraciones de la propia Bachelet:
"Yo voy a analizar cuáles son las condiciones políticas, de Gendarmería y carcelarias para tomar una decisión a ese respecto. Si yo llego a La Moneda haré mi propia evaluación’… ‘Siempre he estado en contra de cárceles de privilegios”.

En resumen, en Chile la existencia o no de unidades penales especiales para criminales prodictadura, el régimen de vida en su interior, y el otorgamiento de beneficios tales como visitas, salidas, etc., son mecanismos que están al arbitrio del Poder Ejecutivo, de la voluntad del actual gobierno.