Tuesday, June 17, 2014

El pacto secreto entre la Concertación y Pinochet

El reformismo que impide la Asamblea Constituyente

El Plebiscito del 30 de Julio de 1989 significó el fraude más grande realizado al pueblo chileno, pacto responsable de todos los impedimentos que durante los próximos 24 años han truncado cualquier proyecto de cambio profundo, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
MATÍAS SAGREDO Z,

Tanto el Gobierno Militar como la Concertación de Partidos por la Democracia llamaron a votar SI en el referéndum del 30 de Julio de 1989. Cincuenta y cuatro reformas que hicieron más rígido el sistema e incambiable durante ya 24 años y quizá varios más. Viera Gallo, Aylwin, y la cúpula de la Concertación lo sabían, pero no informaron a la ciudadanía ni a sus bases militantes de este retroceso histórico que significó el haberse puesto de acuerdo a espaldas de los ciudadanos en un verdadero pacto secreto que nos amarraría por siempre a un sistema económico injusto y monopolizante.
La Dictadura bajo presión de Estados Unidos -y los mismos poderes fácticos que respaldaron el Golpe- aceptaba dejar de gobernar, mientras que a su vez la Concertación aceptaba gobernar sin el poder de cambiar nada y con la obligación de subordinarse por dos décadas a la Constitución de 1980, a los dictados de EEUU y de los organismos financieros internacionales -FMI, Banco Mundial y otros- que se dedican a presionar a los Estados para que faciliten el camino institucional a las operaciones financieras de las empresas trasnacionales.
¿Valía la pena sacar de la Moneda a un General con uniforme para que otros cumplieran las directrices dejadas por él? ¿Existió realmente la Transición?
Claro que no. Nunca ha habido transición alguna, todo lo contrario, desde 1990 en adelante ha sido, como dijo el mismo Pinochet en octubre de 1988, un avance progresivo en la “aplicación del ideario e itinerario constitucional trazado” por la Dictadura. Las reformas de 1989 solo aseguraron que esto se cumpliera a cabalidad.
¿Por qué no existen actas de las reuniones de preparación de las reformas entre Aylwin y el gabinete de Pinochet? ¿por qué no se tomó actas de las reuniones entre la comitiva de la Concertación, entre los cuales estaba Viera Gallo, y las comitivas de RN y el gobierno militar donde discutieron y pactaron las 54 reformas?
Si no tienen nada que esconder entonces que hablen sobre ello, que no evadan este tema como lo han hecho durante 24 años cada vez que se les pregunta.
La Concertación nos dijo a todos que con ese referéndum se iniciaba la transición hacia la democracia plena, que los cambios permitirían otros cambios mayores. Entonces ¿por qué aceptaron aumentar los quórum a 4/7 y hasta 2/3 para cualquier cambio constitucional? ¿por qué constitucionalizaron el sistema binominal? ¿por qué eliminaron el derecho a plebiscito que sí estaba antes del 89?.
Gran parte de los senadores y diputados concertacionistas, con los que Bachelet pretende avanzar hacia una Nueva Constitución, participaron de este engaño y hoy buscan impedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente (nuevamente).
Bajo este sistema a lo máximo que se puede aspirar es a “proyectos” de reformas que nazcan de la ciudadanía luego de presión masiva, como ocurrió el 2006 con las propuestas de los estudiantes que nos tomamos nuestros colegios y universidades para derogar la LOCE. “Proyectos” porque jamás llegarán a convertirse en ley ni mucho menos en institucionalidad, puesto que, al igual que lo que ocurrió con la LGE, terminan siendo filtrados por la actual constitución y las negociaciones que exige el sistema binominal con los grupos conservadores de la Alianza y la Concertación.
Debemos organizarnos para construir un PROCESO CONSTITUYENTE y un movimiento con una nueva fuerza superior a las cúpulas partidistas, superior a las formas hasta ahora inútiles. Un movimiento que propague y explique de la A a la Z qué significa una Asamblea Constituyente, en cada rincón del país. Llegó la hora de tomar el destino en nuestras propias manos, ya no podemos seguir esperando la venida de un salvador.
Al revisar los videos de campaña publicitaria a favor del Plebiscito de 1989 uno ve claramente como tanto el gobierno de Pinochet como la oposición de la naciente Concertación llamaron a votar SI pero con argumentos diferentes. El gobierno militar llamó a aprobar las 54 reformas para lograr “perfeccionar el modelo instalado por nosotros”. La Concertación también llamó a aprobar las 54 reformas, pero según ellos para “iniciar la transición”. ¿Cómo se explica esto, qué sentido tiene? ¿Transición es sinónimo de cambio de administración?
PINOCHET aclaró en cadena nacional que las elecciones presidenciales posteriores a su mandato eran “tan solo la elección de la persona que debería conducir al país hacia la aplicación plena de la carta fundamental” pues “no está en juego el ideario ni el itinerario constitucional trazado”.
JAIME GUZMÁN también lo señaló previamente al decir que “esta constitución está hecha para que, no importa quien gobierne, se vea constreñido a tomar una acción no tan distinta de lo que nosotros haríamos”. Será que Patricio Aylwin lo sabía bien al decir su famosa frase “en la medida de lo posible”.
EDGARDO BOENINGER, principal ideólogo de la Concertación, terminó por aclarar sin espacio a dudas al reconocer que el objetivo de las negociaciones con el gobierno de Pinochet era “reconocer la legitimidad de la Constitución”, puesto que de no ser así “el gobierno de Aylwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente”.
Quienes creen que Bachelet puede cambiar las cosas sin Asamblea Constituyente, están perdiendo el tiempo y quienes participan de su gobierno bajo conocimiento de esta situación están siendo parte, aunque no lo reconozcan, de un nuevo engaño de proporciones históricas.
No tenemos otra alternativa, solo la Asamblea Constituyente puede devolverle al país la democracia -aun secuestrada-, la soberanía y la cordura, pues la dictadura sigue intacta y quienes gobiernen sin impulsar el proceso constituyente estarán trabajando para la Dictadura de los poderes que gobiernan tras la cortina, esos de los que hablaba Allende ante las Naciones Unidas. La transición recién comienza con la Asamblea Constituyente.
Basta de Pactos Secretos: ¡abolición al Pacto del 89 y la Constitución de 1980!. Queremos ser soberanos. Queremos un Proceso Constituyente nacional, democrático y con protagonismo ciudadano. Queremos que los pueblos indígenas, los compatriotas en las regiones extranjeras, las minorías sociales y todos quienes habitamos este hermoso país, decidamos por nuestra propia voluntad el destino nacional.

Matías Sagredo Z,
El Ciudadano

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Friday, June 13, 2014

Los torturadores: quiénes son y dónde están. Lo que no dice el Informe Valech

Desde 2010 circula por la red una información incompleta sobre los torturadores chilenos, referida únicamente a los médicos. Estos días vuelve a divulgarse cercenada. Hemos rastreado la publicación original y su fuente a fin de desenterrar el documento íntegro, que ofrece muchos más datos: los componentes de la DINA o "mano de Pinochet"

Memoria Histórica | Por Julio Oliva García | 03-06-2013

"Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sex y (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo".
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)
El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida. Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y T o rtura pr esentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.
Reacciones desde el odio
Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó: "Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: "las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura". Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".
Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech", señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad". El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como "el car’e jote". Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.
Exigencias desde las organizaciones
La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo". El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización. Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: "Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’". Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet
"Siempre cumplí (...) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". (Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).
En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón". Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo"; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez"; Miguel Krassnoff Martchenko, alias "caballo loco"; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más. Brigada Caupolicán
Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias "coronta", "ronco" y "oso". Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada. Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo. Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior. Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.
Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción. Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo. Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo. Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo. Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE. Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después. Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato". Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA. Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones. Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel. Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao". Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.
Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén. Brigada Purén Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército. Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio". Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.
Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.
Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider. Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.
Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE. Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408. Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército. Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito. Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa. Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez. Detective Jorge Lander Cabezas. Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz. Detective Arturo Patricio Vargas Cid. Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio". Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro". Otros mandos y agentes Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa". Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país. Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica. Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba. Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra. Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército. Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército. Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés. Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago. Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas. Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina. Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago. Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.
Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH
El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70. El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. Los inicios en la AGA Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).
Los más siniestros
Sergio Manuel Barra Von Kretschmann
(C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco. Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega. Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974. Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.
Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central. Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega. César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez. Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura. Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ‘90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.
Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida. Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes. Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ‘90. Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo. Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.
Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.
Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3. Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto. Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol". C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.
Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen. Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.
Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506. Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega. Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega. Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974. Otros torturadores del Comando Conjunto Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH. Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH. Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH. Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4. Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2. Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3. Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3. Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2. Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2. Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5. Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4. José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5. Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6. Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3. Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8. Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.
Los médicos:
Rompiendo el Juramento de Hipócrates
"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento... Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa... Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro...".
Parte del Juramento Hipocrático
Darwin Arriagada. Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.
Camilo Azar Saba. Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez. Guillermo Aranda. Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad. Alejandro Babaich Schmith. Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos. Gregorio Burgos. Médico del Regimiento de Los Angeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido. Víctor Carcuro Correa. Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984. Raúl Díaz Doll. Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados. Guido Mario Félix Díaz Paci. Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado. José María Fuentealba Suazo. Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.
Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.
Werner Gálvez. Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad. Fernando Jara de la Maza. Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.
Manfred Jurgensen Caesar. Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez. Luis Losada Fuenzalida. Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.
Minoletti. Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.
Vittorio Orvieto Teplizky. Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía. América González Figueroa. Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical. Jorge León Alessandrini. Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Osvaldo Leyton Bahamondes. Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.
Bernardo Pulto. Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.
Luis Hernán Santibáñez Santelices. Médico DINA. CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés. Hernán Horacio Taricco Lavín. Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.
Hernán Twane. Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.
Werner Zanghellini Martínez. Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.
Sus direcciones actuales
H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147. Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768. Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.
Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178. Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301. Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad. Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294 Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200. Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.
El "escalafón femenino" de la tortura
Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el funcionamiento de los aparatos represivos, pero también las hubo en funciones operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Esta es una muestra. El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo". Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos.
El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.
Las torturadoras de la DINA
La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani, Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe Gómez), "la Carola".
Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles de Santiago. Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi, como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’ el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también agente), insistiendo que ella no salía a detener".
Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna. Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a un vehículo en el que había más personas, una mujer a CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile la que le decían ‘la negra’ (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’". Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".
También subteniente de Carabineros, Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias "la Pepa", fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de Pedro Espinoza Bravo. Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes, que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán 1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver por el barrio, probablemente viviría en Iquique. Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras. Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia.
Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del organismo represivo.
Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA.
Otra mujer convertida en agente fue Luz Arce Sandoval, quien pasó de militante del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.
María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile ropa de prisioneras asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y José Domingo Cañas.
Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.
En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar, Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias "Pelusa".
En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura.
Agentes en funciones administrativas eran Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de Inteligencia Interior. María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel General. Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la Subdirección de Inteligencia Económica. Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General. Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección de Educación e Informática. Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE. Enriqueta Salazar Contreras, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros. Maribel Maringue Moya, secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.
También aparecen Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez", Suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. María Eliana Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se integra al Departamento de Contrainteligencia. Sara Aguila Márquez, asistente social de la Subdirección de Personal. Carmen Avila Ferrada, Secretaria de Arturo Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau. Alejandra Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.
La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El último dato de su paradero la ubicaba CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile trabajando en una empresa farmoquímica de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú.
La chica del Comando Conjunto
Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían secuestradas. T a mbién estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y Nido 18.
Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director General de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto.
Fuente: http://www.archivochile.com/Derecho...

Monday, April 21, 2014

Dictan acusación contra Arellano Stark y otros ocho oficiales (r) del Ejército por “episodio Copiapó” de la Caravana de la Muerte



6 de febrero 2014

La resolución de la ministra Patricia González señala entre los imputados a Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.

La ministra en visita en el denominado caso “Caravana de la Muerte”, Patricia González, dictó este jueves una acusación en contra de nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de secuestro y homicidio calificado de 16 víctimas en el llamado “Episodio Copiapó”.
Los antecedentes constatados en la acusación acreditan que “en horas de la noche del 16 de octubre de 1973 llegaron hasta la ciudad de Copiapó en un helicóptero institucional de la categoría ‘Puma’ un grupo de militares comandados por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark”.
El general llegó a la zona “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales”, según un instructivo elaborado por delegación del entonces comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet.
Junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, el grupo militar se llevó a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron a un camión. Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad jurisdiccional militar.
Los 13 detenidos fueron llevados a la “Cuesta Cordone”, los obligaron a descender del vehículo y junto con otros militares que estaban en el lugar, le dispararon a cada uno de ellos.
Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito Carvajal, Winston Cabello, Manuel Córtazar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Héctor Vicenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra perdieron la vida en el lugar.
La rutina se repetiría la noche siguiente. El 17 de octubre de 1973, un grupo de militares se trasladaron hasta los barrancones donde mantenían a los presos políticos y sustrajeron del lugar a Benito Tapia, Maguindo Andrade y Ricardo Posada, llevándolos hasta la “Cuesta Cardone”, donde según el documento “se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha se conozcan sus paraderos”.
Nueve son los acusados como autores de secuestros y homicidios reiterados por la ministra en visita Patricia González: Sergio Arellano Stark, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.
Mientras, que por secuestro calificado en carácter reiterado fueron acusados también Arellano Stark, Arredondo, Espinoza, Moren Brito y Haag, además de Ramón Zúñiga, Fernando Castillo y Oscar Pastén.

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Saturday, October 26, 2013

Conmemoración 40 Años de Impunidad Caravana de la Muerte en Copiapó



A 40 Años del paso de la Caravana de la Muerte por Copiapó, se realizaron diversos actos conmemorativos, velatorio frente a la Iglesia Catedral, romerías de partidos políticos, familiares, compañeros  y amigos de las víctimas; todo dentro de una incomprensible impunidad  impuesta por tantos años.


Pueden haber pasado todos estos años, pero lo que no ha pasado es el recuerdo y la memoria que el pueblo tiene de sus dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y vecinales de la ciudad. 


Cada uno de ellos tiene una historia ligada al sueño de liberación de la pobreza que se vivió en la época del Gobierno de la Unidad Popular. 






Cada uno de los ejecutados ocupó un espacio en la lucha que se dio en Copiapó por la defensa del Gobierno Popular y el proyecto que este significaba. 




Cada uno de ellos es parte de la historia actual en la lucha de los estudiantes, trabajadores, pobladores y profesionales de la región; por eso es que la población copiapina no acepta que no exista castigo para quienes asesinaron a dieciséis de sus mejores hombres, en forma espantosamente sanguinaria, una noche de octubre de 1973, cuando una pandilla de criminales terroristas llegó en un helicóptero a intimidar al pueblo y a las autoridades locales, para tomarse el país y el Ejército de Chile mediante una acción genocida de exterminio político.



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Tuesday, October 15, 2013

CARAVANA DE LA MUERTE COPIAPÓ - A 40 AÑOS DE LA MASACRE.

"Cada año, a las 12 horas del 17 de octubre, justo al medio día, sale desde la Plaza de Armas, una
        romería hacia el cementerio, compuesta por quienes quieran ir a visitar y saludar a los Ejecutados Políticos de Copiapó"
 
 

Luego de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en el sur de Chile y en La Serena, que registra el Proceso Judicial, publicado por Patricia Verdugo en su libro de investigación periodística «Caravana de la Muerte - Pruebas a la Vista», se llega al capítulo Copiapó, donde ellos, al igual que en los demás lugares bajaron del helicóptero, con trajes de combate, corvos, granadas, yataganes y armas que indicaban muerte, terror y obediencia. En este capítulo, los criminales y cómplices, hablan de fusiles y fusilamientos, en circunstancias que en 1990 hallamos 13 de las 16 víctimas y todos estaban mutilados solo con cortes de corvos, cuchillos, yataganes y craneos quebrados por golpes. Solo se encontró una bala, en uno de los cuerpos, en una de sus piernas.







En este Proceso Judicial los integrantes de la caravana partieron diciendo que no estuvieron y no supieron de los fusilamientos de 13 personas, luego dijeron que no recordaban, y finalmente, que no habían participado, luego, con el tiempo, los subalternos declararon que Arellano Stark es quien dió la orden de matar, e incluso Patricio Díaz Araneda, oficial del regimiento de Copiapó, asume que él ejecutó la orden con fusiles SIG 7.62 mm. de cargo militar, en grupos de tres y finalmente un grupo de cuatro fusilados, lo que se contradice con las evidencias halladas en la exhumación del 29 de julio de 1990 que muestran los cortes de corvos y cuchillos en la ropa y en los huesos. ¿Pudo este oficial haber matado en tan poco tiempo a 13 personas en la verma de la carretera, usando cuchillos de combate, yataganes, sopletes y corvos?. ¿A quién está encubriendo este oficial con estas declaraciones? ¿Será que Tribunal alguno perdonará tal cobardía y abuso?. Lo cierto es que los ejecutados los sacamos de la fosa común clandestina y los peritajes fueron hechos por el Equipo de Identidad Médico Legal compuesto por el médico legista Carlos Silva, las doctoras América González y Elvira Miranda, el dentista Patricio Carrasco, el fotógrafo Carlos Palominos y el ayudante Iván Pardo, el arqueólogo Olaff Olmos y el fotógrafo Carlos González profesionales que analisaron las evidencias físicas que determinaron muerte lenta por tortura.





Ahora el proceso está en manos de la Ministra en Visita Patricia González y en ella tenemos puestas las esperanzas de que las declaraciones de los acusados dejen de convertirnos en reenes de la mentira, tenemos la esperanza de que la ministra y los tribunales liberen la verdad, actuen en justicia y castiguen de acuerdo a la magnitud del crimen cometido por la Carava de la muerte en Copiapó.


Ellos mienten y se olvidan cuando quieren. Ellos fueron valientes mientras mataron a indefensos. Nosotros tenemos memoria y queremos verdad, justicia y castigo. Para que Nunca Más en Chile..

Angélica Palleras  Norambuena.

 

 

 

Caravana de la Muerte- Pruebas a la Vista - Capítulo Copiapó. (Fragmento)
Proceso Judicial que se inicia en 1998
 

A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas.
Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó, yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar", reiteró el general Arellano.
¿Cuándo se enteró de lo ocurrido? Dijo el general que lo había sabido por un informe del comandante del regimiento, coronel Óscar Haag, "como un hecho ocurrido con anterioridad a mi llegada". 
El brigadier Pedro Espinoza dijo que nada supo de lo ocurrido en Copiapó.
El coronel Sergio Arredondo declaró que tampoco se enteró de nada en su momento y que, más tarde, "tuve conocimiento de que había habido fusilamientos, posiblemente durante o después de nuestra pasada por Copiapó".
El coronel Marcelo Moren Brito dijo que, al momento de partir de Copiapó hacia Antofagasta, "antes de zarpar, el coronel Arredondo nos informó acerca de unos fusilamientos que se habían efectuado en la ciudad". Y más tarde, rectificó su declaración: "En Copiapó y La Serena, presencié parte" de las ejecuciones.
El oficial Juan Chiminelli, ayudante del general, fue nuevamente quien demostró tener la mejor capacidad de memoria y desmintió incluso a su jefe: "Recuerdo que hubo una balacera muy fuerte, puesto que la gente fusilada no quedó en muy buenas condiciones"
Pero como en Copiapó hubo dos ejecuciones masivas el 17 de octubre de 1973, podría argumentarse que hay confusión en los recuerdos. De modo que el juez decidió aclarar a fondo el episodio. Partamos con la declaración del entonces teniente Enrique Vidal Aller, quien era el ayudante del comandante del regimiento (fojas 1372). Y vayamos al comienzo de este episodio.
Dijo el teniente (R) Vidal Aller que, desde La Serena, le avisaron que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta, ya que en su concepto Copiapó no era tan importante".
 
Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera, y por sus desplazamientos daba la impresión de que estaba desorientado.
Me acerqué y le pregunté qué sucedía, informándome que venía el general Arellano y una comitiva, formada por Fernández Larios, el mayor Arredondo, el capitán Moren Brito y un subteniente, Hugo Julio".
Sigue la declaración de Vidal Aller: "Una vez descendido en tierra el general Arellano, le informé que no había novedades. Luego me preguntó por el comandante de la unidad, señor Haag, informándole que estaba en la comandancia". El general Arellano, entonces, le ordenó que lo fuera a buscar de inmediato. Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa". El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate.
Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas con las personas que finalmente masacraron".
Mientras la reunión se efectuaba, sucedió algo que el ex teniente Vidal Aller no pudo olvidar jamás: "Salió el teniente Armando Fernández Larios, me preguntó dónde estaban los detenidos, fue hasta dicho lugar y premunido de un arma —que consiste en un mango con cadena y una bola de púas—golpeaba en la cabeza a la gente. De este accionar resultó muerta una persona de nombre Leonello Vincenti. Esto estuvo en conocimiento del mayor Arredondo y del capitán Carlos Brito, quien increpó al teniente Fernández Larios por su cometido, respondiéndole éste que dependía del general Arellano y no de él".
Y si el entonces teniente Vidal Aller fue testigo de lo ocurrido desde su sala de ayudantía, la versión de lo que sucedió dentro de la oficina de la comandancia sólo podía darla el coronel Óscar Haag Blaschke. En su primera declaración (fojas 2059 y siguientes) fue más bien cauteloso. Dijo que cuando el general Arellano le mostró el documento firmado por el general Pinochet, nombrándolo su Oficial Delegado, comprendió "que en ese momento quedaba subordinado del mando pues, de acuerdo al reglamento, el Oficial Delegado tiene plenas y amplias atribuciones para obrar en todos los aspectos del mando". Haag aseguró al juez que el general Arellano, junto al entonces mayor Pedro Espinoza, "comenzó a revisar las tarjetas de identificación de cada uno de los detenidos, más las causas que estaban en tramitación (...) En varias oportunidades, pidió ampliación de los datos de algunos detenidos, como —por ejemplo—la forma en que lo habían detenido, actitud, lugar de su detención y cargos que se le formulaban (...) debo manifestar que, durante la revisión, tanto el general Arellano como el mayor Espinoza tomaron notas o hacían anotaciones en la lista de detenidos".
Pero fue en un segundo interrogatorio, realizado el 29 de enero de 2000, cuando el coronel Óscar Haag Blaschke hizo un pormenorizado relato de lo que allí ocurrió y que culminó con la muerte de dieciséis prisioneros políticos.
Veamos lo que dijo al ministro Juan Guzmán: "Nos reunimos en la comandancia con el general Arellano y, además, participaron de esa reunión el Prefecto de Carabineros, comandante Rene Peri, y el Prefecto de Investigaciones, cuyo nombre no recuerdo. Además estaban otro funcionario de Investigaciones y un oficial de Carabineros, cuyos nombres y grados no recuerdo. Además estaba el abogado Rojas Hidalgo, quien era mi asesor. De la comitiva, además de Arellano, se encontraba el entonces mayor Pedro Espinoza. Todos ellos revisaban los antecedentes. de los detenidos. También estaba junto a ellos el capitán Carlos Brito, quien tenía los archivos de las personas detenidas". "El general Arellano, el mayor Espinoza, el capitán Carlos Brito, junto con los funcionarios de Investigaciones y Carabineros a cargo de Inteligencia, cuyos nombres no recuerdo, trabajaban en una mesa con los archivos y los antecedentes de los detenidos. Estábamos al frente de la mesa sentados, presenciando de lejos lo que ellos hacían. Existía un fichero con todos los datos de las personas detenidas, que contenía su filiación política y cargos que existían contra ellos. Esta documentación se guardaba en un cárdex. A cargo del cárdex se encontraba el capitán Carlos Brito. Este último iba mostrando las tarjetas correspondientes a cada detenido y el general Arellano, a veces, efectuaba anotaciones marginales. No, no recuerdo el color del lápiz que usaba. Lo vi solamente de lejos, de manera que no podía precisar qué era lo que anotaba. En algunos casos hacía anotaciones y en otros, no. Esta reunión comenzó alrededor de las 20.00 horas del día 16 de octubre de 1973 y terminó poco antes de la medianoche de ese día". "Recuerdo que el teniente coronel Arredondo u otro oficial entraban esporádicamente a la reunión. A Arredondo lo conocía porque practicaba equitación. Además, el general Arellano mandaba misivas para afuera a través de cualquiera de los miembros de su comitiva, pues eran de su confianza. Enviaba mensajes escritos, presumiblemente a miembros de su comisión. Ignoro su contenido". "Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía".
 
Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente. Nos encontramos, en el relato, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1973. Acaba de terminar la reunión donde se ha decidido la muerte de un total de dieciséis prisioneros.
¿Qué pasó después? El teniente (R) Vidal Aller lo relató así al juez: "Terminada la reunión del general Arellano y su comitiva, se dio orden de trasladar a trece personas con destino a La Serena, orden dispuesta por el propio general Arellano al comandante Haag. Esta misión debía cumplirla el capitán Patricio Díaz Araneda, quien me pidió que lo acompañara, a lo que respondí que yo era ayudante del comandante y no podía recibir órdenes de él. Posteriormente, el capitán Díaz Araneda designó a tres subtenientes, recién salidos de la Escuela Militar, para que lo acompañaran a cumplir la misión de traslado de los detenidos". 
El oficial Patricio Díaz Araneda pasó, entonces, a ser clave para continuar averiguando lo sucedido. En su primera declaración, no abrió la boca. Ya estaba retirado del Ejército, pero trabajaba para la institución como ingeniero químico de FAMAE. No recordaba nada de lo ocurrido en Copiapó. En los años 73 y 74, explicó al juez, pasó por "uno de los períodos más difíciles de mi vida". Dijo que estaba recién casado y que, aunque su mujer vivía a tres cuadras del regimiento, podía verla sólo cada tres meses. Por eso, dijo, tenía "lagunas de memoria". —¿Ha recibido ayuda siquiátrica? —le preguntó el ministro Guzmán. —No, porque sólo ahora me doy cuenta, ya que en 25 años nadie me ha preguntado sobre este tema —contestó el oficial Díaz Araneda.
Pero en junio de 1999, el ministro Guzmán fue a la cárcel de Copiapó y, en el libro de guardia de 1973, encontró la prueba. Allí estaba registrado que a las 0.30 horas del día 17 de octubre, el suboficial Orlando Lukes Smith —alcalde subrogante—había entregado nueve prisioneros al capitán Patricio Díaz Araneda. Por esa misma fecha, junio del año 99, le fue negada al ministro Guzmán su petición de conocer el listado de oficiales y suboficiales que estaban en los regimientos de Copiapó y La Serena en 1973. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Patricio Chacón Guerrero, le contestó que "es una materia clasificada como secreta". Así fue como el ministro Guzmán decidió arrestar al oficial Patricio Díaz Araneda y someterlo a proceso. El arresto fue crucial para aclarar el episodio.
Tras seis meses de reclusión, Patricio Díaz Araneda recuperó la memoria y confesó: "No antes de las 23-00 horas fui citado a la comandancia, siendo recibido en el sector de la ayudantía, porque en esos momentos en la comandancia se encontraba el general Arellano y los miembros de su comitiva y demás personas que participaron en la reunión, esto es, el capitán Brito y el comandante Pery, entre otros. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. En ese momento recibo la orden verbalmente, encontrándonos todos de pie. Esta orden consistía en fusilar, fuera del recinto del cuartel y sólo con la participación de oficiales, a unos detenidos, los que serían indicados en una lista. Efectivamente recibí una lista con nombres. Esta lista, me da la impresión, estaba escrita en forma manuscrita". El entonces capitán Patricio Díaz Araneda "representó" la orden a sus superiores. Es decir, preguntó si podía evitar su cumplimiento. Pero la orden le fue reiterada, momento en el cual supo que no tenía otro camino que cumplirla, ya que sus superiores se hacían responsables por lo ordenado.
Continúa el relato del entonces capitán Díaz Araneda: "Para el cumplimiento de la misión se me puso a disposición un camión militar que yo personalmente conduje y en el cual trasladamos a los detenidos. Mientras yo preparaba el armamento fueron retirados cuatro de los detenidos que se encontraban en el interior del cuartel, los que subimos al camión para trasladarnos a continuación a la cárcel de Copiapó a retirar a los nueve restantes. El nombre de los detenidos de la cárcel me fue entregado en una lista. Recuerdo que a la cárcel ingresé alrededor de las 00.30 horas del día 17 de octubre, comunicando al personal encargado que, por orden de la Fiscalía Militar, debían hacerme entrega de los detenidos que figuraban en la lista. De eso se deja constancia en el Libro de Guardia del recinto penitenciario".
"Retirados los detenidos de la cárcel, los que junto a los sacados del recinto militar sumaban trece personas, me dirigí con el camión hacia el sur de Copiapó por la carretera Cinco Norte. Recorrimos un poco más de veinte kilómetros y, en cuanto el terreno me lo permitió, me salí con el camión de la carretera y me interné en la pampa hacia el poniente, aproximadamente unos 200 metros, procediendo a detener el camión. En ese momento, al bajar los oficiales, le comuniqué a los subtenientes cuál era la misión que debíamos cumplir. Los subtenientes me preguntaron si no había forma de no cumplir esa orden, ante lo cual yo les reiteré que no y que la orden debía ser cumplida por cuanto a mí me había sido ratificada.
Acto seguido, procedimos a bajar a los detenidos en grupos de tres, los que fueron fusilados por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión. El fusilamiento fue rotativo respecto a los participantes, naturalmente en el último grupo fueron cuatro los fusilados.
Deseo dejar constancia que, por nerviosismo, no me percaté de que mi fusil estaba en ráfaga y fusilé a dos de ellos en esas condiciones".
—¿Iban atados o encapuchados los prisioneros? —le preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.
—Las manos les fueron atadas en la parte de atrás, al momento de subirlos al camión. Y las bolsas con las cuales se encapuchaban las caras, al momento de ser fusilados, eran bolsas de sacos de dormir.
—¿En qué orden los fusilaron? —preguntó el juez. —Yo participé en los fusilamientos de los cuatro grupos, para lo cual utilizamos fusiles SIG 7.62 mm. de cargo militar.
Éramos tres fusileros para cada grupo, pero para el último fuimos cuatro. No recuerdo el orden de los fusileros en cada caso. Los fusilamientos se realizaron con los detenidos de pie, enfrentando al grupo de fusileros, a una distancia aproximada de ocho metros. Fallecieron instantáneamente con los primeros disparos, no fue necesario ejecutar tiros de gracia.
—¿Qué pasó después? —Terminado el fusilamiento, procedimos a cargar los trece cadáveres en el camión, cubriéndolos con una carpa. Y me dirigí con el camión hacia el predio del regimiento, donde permanecieron hasta alrededor de las 20 ó 21 horas del día 17 de octubre de 1973, oportunidad en que trasladamos los restos hasta el cementerio de Copiapó. La custodia del camión estuvo inicialmente a cargo de dos oficiales, los que posteriormente fueron relevados por personal del regimiento.
—¿Dirigió usted el traslado de los cadáveres al cementerio y su entierro? —Sí, al cementerio ingresamos por la puerta trasera, en cuyo interior ya había personal militar, además del administrador del cementerio. Procedimos a bajar los cuerpos del camión, para luego realizar su entierro.
Pero el administrador nos señaló que no era posible realizar el entierro sin un documento del Registro Civil. Por este motivo, personal militar concurrió a buscar al oficial de Registro Civil, quien una vez en el lugar procedió a tomar las huellas dactilares de cada una de las víctimas, las que registró en un formulario. Entretanto, esta operación era alumbrada por las luces de los vehículos.
—¿Quién le dio la orden de fusilar a los prisioneros? —La orden me fue dada por el comandante del regimiento, teniente coronel Óscar Haag, cuando nos encontrábamos ambos de pie en la ayudantía de la comandancia, ya que yo fui llamado por él. En el intertanto, se encontraba en la oficina del comandante el general Sergio Arellano Stark y algunos miembros de su comitiva. Todos se encontraban en tenida de campaña. Me consta que el general Arellano y parte de su comitiva estaban en la comandancia, ya que yo los vi entrar. Le representé la orden al comandante Haag y éste me señaló que había que cumplir dicha orden.
El 29 de enero de 2000, a las 11.45 horas, en el Comando de Telecomunicaciones se realizó el careo entre el general Sergio Arellano Stark y el entonces capitán Patricio Díaz Araneda. —Precise, general Arellano, dónde durmió la noche del 16 al 17 de octubre y la noche del 17 al 18 de octubre de 1973 —inquirió el juez. —Mi comisión llegó a Copiapó el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas, donde pernocté. Estuvimos todo el día en esa ciudad, donde pernoctamos para partir el día 18 de octubre de 1973, a primera hora, a Antofagasta —respondió el general Arellano.
 
Luego, el general Arellano dijo que —tras su llegada—se reunió con el comandante Haag para planificar las actividades del día siguiente y se fue a dormir a su hotel. Y en la mañana del 17 de octubre había tenido una reunión con los oficiales y suboficiales del regimiento, en la cual recomendó "el respeto a la población civil y la necesidad de evitar cualquier forma de abuso de poder". Y terminó esta parte de su declaración reafirmando que su comitiva no estuvo en Copiapó cuando fueron asesinados los trece prisioneros.
—¿Ordenó usted el traslado de esas trece personas y/o su fusilamiento? —preguntó el ministro Guzmán al general Arellano.
—Definitivamente no ordené ni el traslado ni el fusilamiento —contestó el general Arellano.
—¿Participó usted en el traslado y en el fusilamiento de los trece prisioneros? —preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.
—Efectivamente dirigí y participé en el fusilamiento de trece personas en Copiapó, el día 17 de octubre de 1973. Estimo que estos fusilamientos se realizaron entre la una y media o dos de la madrugada. Enfáticamente puedo decir que los hechos ocurrieron en la madrugada del día 17 de octubre, fecha que coincide con la estadía del general Arellano con su comitiva. Es cuestión de asociar. La comitiva del general Arellano llegó a Copiapó el día 16 de octubre, alrededor de las 20 horas —contestó el oficial Díaz Araneda.
—¿En qué momento y quién le encomendó la misión? —El día 16 de octubre de 1973, pasadas las 23 horas, fui llamado a la comandancia del Regimiento Atacama. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. Allí recibí, de parte del coronel Haag, la misión de ejecutar a los detenidos que estaban señalados en una lista, actividad que debía ser realizada sólo por oficiales y fuera del cuartel. Fue el comandante Haag. El comandante estaba muy alterado, pues es una persona muy nerviosa. Estaba muy conmovido. Me dijo que tenía que cumplir con la orden de ejecutar a las trece personas mencionadas en la lista. Estaba muy asustado. Incluso yo le representé la orden. Nunca el comandante Haag había tomado una decisión tan drástica y estoy convencido de que cumplía órdenes superiores (...) La razón que más me impulsa a decir que el comandante Haag cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el período de permanencia de mi general Arellano y su comitiva en la guarnición. Ni antes ni después de la presencia de mi general Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados —contestó el oficial Díaz Araneda.
—¿Dónde estaba el general Arellano cuando la orden de fusilamiento le fue dada?
—Estaba en la comandancia del regimiento Atacama, alrededor de las 23 horas del día 16 de octubre.
 
Fue entonces cuando el general Arellano decidió intervenir y así quedó registrado en el proceso: "No es la primera vez que se aprovecha el paso de mi comitiva por alguna guarnición donde había comandantes pusilánimes que incluso no cumplieron con las disposiciones del Comandante en Jefe del Ejército, como ocurrió en la guarnición de Calama".
—¿Estaba el general Arellano en la noche del 16 de octubre en la comandancia del regimiento? —preguntó el ministro Guzmán. General Arellano Stark: "Concretamente no estaba. Me encontraba en el hotel".
Oficial Díaz Araneda: "Puedo asegurar que estaba en la comandancia. Lo vi entrar el día 16 de octubre alrededor de las 20.20 horas, cual es el tiempo que demora en llegar desde el helicóptero a la comandancia. No más de 15 a 20 minutos".
—¿Estaba el general Arellano en la comandancia cuando se le dio la orden de ejecutar a los trece detenidos? —repitió el juez, dirigiéndose a Díaz Araneda.
—Creo que estaba en la comandancia porque no lo vi salir.
—¿Dónde estaba, general Arellano, cuando se dio la orden de fusilar?
General Arellano Stark: "No, a esa hora me encontraba en el hotel".
Oficial Díaz Araneda: "Mi general Arellano se encontraba en la comandancia".
General Arellano Stark: "Insisto, me encontraba en el hotel".
El general Arellano argumentó, entonces, que la prueba de su inocencia y, por ende, la prueba de la culpabilidad del comandante Haag en los crímenes de Copiapó, estaba justamente en el hecho de que Haag no hubiera llamado a su superior jurisdiccional —el general Lagos—antes de dar la orden de fusilamiento.  
El oficial Díaz Araneda le replicó así: "Yo sólo aseguré, y no me cabe duda, que el comandante Haag cumplió órdenes superiores. No había nada ni antes ni después de la llegada del general Arellano a Copiapó que pudiera precipitar los hechos referidos".
—¿Por qué el comandante Haag no solicitó autorización al general Lagos para hacer algo tan grave como el fusilamiento de trece personas? —preguntó el juez. —Ignoro si esa noche el comandante Haag comunicó la orden al general Lagos Osorio, sólo sé que asumió como Oficial Delegado del Comandante en Jefe, desde el momento de su llegada a Copiapó, mi general Arellano —contestó Díaz Araneda.
El general Arellano, entonces, reiteró que el documento que recibió de manos del general Pinochet no indicaba "que yo asumiría el mando de la unidad ni tampoco que cumpliría funciones como juez militar". Dijo que el documento que lo nombró Oficial Delegado sólo se refería al comportamiento de los militares con la población civil, a fin de mantener la buena imagen del Ejército; a la revisión de procesos militares; a velar por que los consejos de guerra dispusieran la debida defensa de los procesados.
El careo entre el coronel Óscar Haag Blaschke y el oficial Patricio Díaz Araneda aportó nuevas pruebas al ministro Guzmán. Se realizó el 29 de enero de 2000, a las cuatro de la tarde, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
¿Quién dio la orden de sacar a los trece detenidos y fusilarlos? Esa fue la pregunta del juez que gatillo la siguiente aclaración por parte del coronel Haag:
"Al momento en que me fue exhibido el documento en que el general Pinochet nombraba Oficial Delegado al general Arellano, quedé relevado del mando y, por lo tanto, sobrepasado en mis atribuciones. El día 16 de octubre de 1973, en la reunión que sostuvimos con el general Arellano en la comandancia, éste ordenó el fusilamiento de trece personas que estaban en una lista. La lista fue elaborada en triplicado. Una la tenía el capitán Carlos Brito, otra la Fiscalía Militar y la tercera le fue entregada al general Arellano. No vi la lista de cerca, pero posteriormente me percaté de que la lista tenía unas marcas que había hecho el general Arellano. El criterio que tuvo en cuenta el general Arellano para seleccionar a las trece personas que iban a ser fusiladas atendió a la gravedad del delito, a las circunstancias que rodearon su detención y al partido político a que pertenecían las trece personas".
Y agregó el coronel Haag: "Concretamente yo sabía que esas trece personas iban a ser fusiladas porque la orden había sido dada por el general Arellano, estando en la oficina de la comandancia. No di la orden de fusilar a esas trece personas, ni en forma verbal ni escrita. Pienso que la orden la dio Enriotti, quien era el segundo del regimiento y a quien —estando en el interior de la comandancia—le comuniqué la orden del general Arellano". Siguió el coronel Haag: "Lo del traslado y posterior evasión de los trece detenidos fue una ficción para dar una explicación que no impactara al personal del regimiento, pero la verdad es que las personas fueron ordenadas fusilar por el general Arellano. El general Arellano, una vez que mostró la lista con las trece personas detenidas que serían fusiladas, la mandó fuera de la comandancia por intermedio de un emisario de su comisión que bien pudo ser Arredondo, quien era su segundo. El general Arellano dijo que estas trece personas debían ser fusiladas de inmediato y las otras tres debían ser fusiladas a la mayor brevedad, ordenando que se diera término al sumario".
Y fue entonces cuando el coronel Haag agregó nuevos datos: "Luego de que se llevaran a las trece personas, supuestamente rumbo a La Serena, en mi vehículo fiscal —junto a Arredondo y al abogado Rojas Hidalgo—nos dirigimos por la carretera que va a La Serena en busca del camión militar que pertenecía al regimiento y que llevaba a las trece personas". "Como Arredondo se molestó porque no encontrábamos el camión, después de llegar a la cima de la cuesta Cardone, ordenó que regresáramos a Copiapó. De vuelta, a unos pocos kilómetros de Copiapo, con los fusilados en su carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre. Nos detuvimos y Arredondo, para verificar, se bajó del vehículo, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos y contó los cuerpos para comprobar la muerte de las trece personas. Posteriormente, por orden de Arredondo, nos dirigimos al hotel donde se alojaba el general Arellano, quien nos recibió en bata. Entonces Arredondo dijo textualmente: 'Cumplida su orden, mi general, las trece personas fueron ejecutadas y lo he confirmado personalmente'.
No es difícil imaginar el estupor que debió experimentar el ministro Guzmán al escuchar las palabras del coronel Óscar Haag, como asimismo el actuario al teclear la declaración en su máquina de escribir.
Agregó el coronel Haag que volvió al regimiento, esa madrugada de octubre, y ordenó que se redactara el comunicado oficial, dando cuenta del traslado de los trece prisioneros a La Serena, su intento de escapar en el momento en que el camión sufrió un desperfecto eléctrico y la muerte de todos por "ley de fuga".
—¿Quién dio la orden de fusilar a los trece prisioneros? —repitió el ministro Guzmán.
—Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí del comandante Haag, estando en la oficina de la ayudantía junto al mayor Enriotti. Es probable que cuando llegué a la comandancia, el comandante Haag y el mayor Enriotti estuvieran en ese momento comentando la orden de fusilar a las trece personas. Entonces, en ese momento, se me ordenó cumplir la orden de ejecutar a las trece personas"
Coronel Haag Blaschke: "Es posible que así haya sucedido. Lo que ocurrió fue que, estando en el interior de la comandancia, le entregué la lista a Enriotti, diciéndole que el general Arellano había ordenado la ejecución de trece detenidos".  
—¿Mantiene su versión de que la orden de fusilar la dio el coronel Haag? —preguntó el juez a Díaz Araneda.
Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí estando el coronel Haag junto al mayor Enriotti en la ayudantía. El coronel Haag sabía que la orden era fusilar".
Coronel Haag Blaschke: "Estando junto al mayor Enriotti, que era mi segundo comandante, es posible que tácitamente le haya transmitido la orden al entonces capitán Patricio Díaz, en el sentido de que en mi presencia el mayor Enriotti le informó al capitán Díaz que la orden era fusilar a las trece personas que, momentos antes, el general Arellano había tiqueado en la oficina de la comandancia. Yo le entregué el papel a Enriotti para que se encargara de los detalles y tomara las medidas del caso con el objeto de cumplir la orden dada por el general Arellano, orden que había que cumplir de todas maneras. Había que fusilar a las trece personas".
Oficial Díaz Araneda: "Sí, al momento de recibir la orden, estábamos los tres. En ese momento, le representé la orden a mi comandante Haag".
 
Coronel Haag Blaschke: "Yo tenía que darle la orden al mayor Enriotti para que la cumpliera. No podía ser de otra manera. La orden había que cumplirla. Entonces, cuando me la representó el capitán Díaz Araneda, le dije que era una orden superior y que, dada la alta investidura del general Arellano, era imposible no cumplir con la orden".
Oficial Díaz Araneda: "Efectivamente es así".
—A ver, ¿quién dio la orden? —preguntó nuevamente el juez, tratando de entender la lógica y el lenguaje militar en el cumplimiento de órdenes.
Oficial Díaz Araneda: "La orden me la transmitió el comandante Haag, quien me comunicó que la orden era del general Arellano y que había que cumplirla. Esto sucedió en presencia del mayor Enriotti, quien me dio las instrucciones para su cumplimiento, estando los tres en la ayudantía de la comandancia".
Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente así es. La orden se la transmití al capitán Díaz en presencia del mayor Enriotti, reiterándole que esa orden debía cumplirse por la investidura de Oficial Delegado que tenía el general Arellano".
Cuando el juez quiso saber del momento en que ambos oficiales se encontraron en la carretera, cuando ya el camión venía de regreso con los cadáveres y el coronel Arredondo se subió para contar los cuerpos, dijeron lo siguiente:
Oficial Díaz Araneda: "Yo no recuerdo haber visto a Arredondo en la cuesta Cardone".
Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente, Arredondo y yo estuvimos en la Cuesta Cardone, junto al abogado Rojas Hidalgo. Es posible que el entonces capitán Patricio Díaz no se haya dado cuenta de mi presencia, junto a Arredondo, por el estado de conmoción en que se encontraba después de la muerte de las trece personas".
—¿Y quién ordenó el fusilamiento de los tres prisioneros provenientes de El Salvador? —preguntó el juez, refiriéndose a García, Tapia y Castillo.
Coronel Haag Blaschke: "En la misma reunión de la noche del día 16 de octubre, el general Arellano —al ver los expedientes de los tres funcionarios de El Salvador, cuya condena a muerte había sido propuesta por un consejo de guerra—le comunicó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y que, en la reunión de las diez de la mañana del día siguiente, le presentara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia. Al final de la reunión del día 17 de octubre, el abogado Rojas le presentó los expedientes de las tres personas condenadas a muerte, firmando el general Arellano el cúmplase, en presencia de todas las personas que estaban en la reunión". Agregó: "Inmediatamente dispuse que se diera cumplimiento a la sentencia al segundo comandante, mayor Enriotti, haciéndole presente que se cumpliera con todos los requisitos legales del caso. Al final del día 17 de octubre, el mayor Enriotti me comunicó que estaba todo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia, que ésta se iba a realizar en el predio del regimiento y que había designado como jefe del pelotón al teniente Ramón Zúñiga Ormeño. No me comunicó los nombres del resto de los oficiales que conformaron el pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, el mayor Enriotti me comunicó que la orden había sido cumplida conforme a lo programado y que las personas habían sido colocadas en urnas y enterradas en el cementerio de Copiapó, en tumbas separadas, y que habían quedado registradas en los libros del cementerio en el patio 16, sepulturas 13, 14 y 15".
—¿Participó el capitán Díaz Araneda en esos tres fusilamientos? —preguntó el juez.

 
—Oficial Díaz Araneda: "No tuve participación ni directa ni indirectamente en los fusilamientos de esas tres personas. Y debo agregar que los oficiales Yáñez, Marambio y Ojeda tampoco tuvieron participación en el fusilamiento y posterior inhumación de esas tres personas".
 
Coronel Haag Blaschke: "Confirmo lo dicho por Díaz Araneda".

 
—¿Qué les habría sucedido si no cumplen la orden del general Arellano de fusilar a las trece personas y luego la sentencia de muerte para las otras tres personas? —preguntó el juez.
Coronel Haag Blaschke: "En tiempo de guerra, el no cumplir órdenes de un superior de la investidura del general Arellano, pienso que me habría expuesto a graves sanciones, incluso la muerte".
Oficial Díaz Araneda: "En tiempo de guerra, no cumplir una orden, en particular la dada para fusilar, podría haberme expuesto a ser condenado a fusilamiento".
 
Al amanecer del 17 de octubre de 1973, en el regimiento de Copiapó, había un camión con su trágica carga en la carrocería: trece prisioneros asesinados. Una guardia militar lo custodiaba, de modo que nadie pudiera acercarse. El capitán Díaz Araneda —según su confesión—se había preocupado, en el curso del día, de preparar el entierro clandestino. Así le fue ordenado. Esperó a que anocheciera y cerca de las nueve de la noche —ya con toque de queda—dio la orden para que el camión saliera del regimiento.
 
 
Las Víctimas de Copiapó son:


- Winston Dwight CABELLO BRAVO, 28 años, ingeniero comercial, Jefe Provincial de la Oficina de Planificación Nacional(ODEPLAN), militante del Partido Socialista y MIR. Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y trasladado al Regimiento de Copiapó, actual Regimiento Capitán Rafael Torreblanca.



- Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años, funcionario público y militante del Partido Socialista. Detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 22 de septiembre en su domicilio, conducido hasta el Regimiento de Copiapó y desde allí a la cárcel de esa localidad.



- Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 20 años, estudiante secundario, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se presentó ante las autoridades militares luego de ser requerido mediante un Bando, el l7 de septiembre de l973. Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, lugar desde el cual fue trasladado al Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre del mismo año.



- Alfonso Ambrosio GAMBOA FARIAS, 35 años, profesor, Director de Radio Atacama y militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 15 de septiembre y trasladado al Presidio de Copiapó.



- Raúl del Carmen GUARDIA OLIVARES, 23 años, funcionario público y militante del Partido Socialista.



- Raúl Leopoldo de Jesús LARRAVIDE LOPEZ, 21 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 12 de septiembre de l973 al interior de la Universidad y conducido al Regimiento de Copiapó. A fines de septiembre se le trasladó al Presidio de la misma ciudad.



- Edwin Ricardo MANCILLA HESS, 21 años, estudiante de Pedagogía en la Escuela Normal, presidente del Centro de Alumnos y Secretario Regional del Movimiento de Izquieda Revolucionaria (MIR). El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en su domicilio, conducido al Presidio de Copiapó y desde allí trasladado al Regimiento de esa ciudad.



- Adolfo Mario PALLERAS NORAMBUENA, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Requerido por las autoridades a través de un Bando militar, decidió no presentarse. Fue detenido el l5 de octubre por efectivos de Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó y trasladado posteriormente al Presidio de esa ciudad.



- Jaime Iván SIERRA CASTILLO, 27 años, locutor de radio y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio por efectivos de Investigaciones, llevado al Cuartel de dicha Institución y desde allí trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Atilio Ernesto UGARTE GUTIERREZ, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 14 de octubre en la residencial donde vivía y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Néstor Leonello VINCENTI CARTAGENA, 33 años, profesor, Secretario Regional del Partido Socialista. Fue detenido por efectivos militares y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 años, Ingeniero en Minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó, Interventor de la planta minera "Elisa de Bordo" y dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre de l973 en su domicilio, que luego fue allanado por funcionarios de Investigaciones, quienes lo condujeron al presidio de Copiapó.
 
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