Friday, July 03, 2015

Justicia determina que Pinochet le robó más de 6 millones de dólares al Estado

Caso Riggs:
El ministro Manuel Valderrama decidió no perseguir la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni dar relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.

Pinochet-Riggs
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del Ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet.
Se trata de Jorge Juan Ballerino SandfordRamón Castro IvanovicGabriel Mario Vergara CifuentesSergio Marcelo Moreno SaraviaJuan Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, quienes gozarán de libertad vigilada.
El magistrado estableció que los involucrados, “en su calidad de funcionarios públicos, substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados”.
La nota de prensa del Poder Judicial señala que los dineros detectados en las cuentas del Banco Riggs, “carentes de justificación de ingreso y egreso, no pueden sino provenir de gastos reservados”. La malversación asciende a US$ 6.466.406.
Dando un cierre definitivo a la causa, el ministro Valderrama ordenó el decomiso de 24 inmuebles distribuidos en Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San José de Maipo, Vitacura y Lago Ranco, pertenecientes a la familia Pinochet. Lo mismo hizo con tres vehículos y siete documentos bancarios que pasarán a manos del Fisco.
Cabe mencionar que en este caso no se persiguió la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni tampoco se dio relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.
Según escribió el periodista Benedicto Castillo en su libro “Pinochet, el gran comisionista”, el 14 de octubre de 2005, un grupo integrado por el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Sagardia y el subinspector Axel Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregó una minuta a tribunales que abordó este punto.
El documento informó sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del Ejército, antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, el ex piloto de la CIA Iván Baramdyka, y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura, amparados por el Estado.
Matías RojasEl Ciudadano

El Ejército chileno deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI

No más secretos: se estima que el Ejército deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI


02/07/2015 |
Por Equipo Cambio21: El Ejército chileno se verá en la obligación de tener que entregar información considerada confidencial para transparentar las investigaciones de abusos de derechos humanos y de las desapariciones en dictadura.


La vía a la verdadera reconciliación nacional no ha llegado a puerto, ni siquiera con la vuelta a la democracia, pues aún quedan muchos cabos por atar en materia de derechos humanos.

Este mismo razonamiento fue refrendado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia que ordenó al Ejército entregar información sobre integrantes del organismo represor de la dictadura la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se mantengan en activo en la institución armada.

El fallo fue unánime, y los ministros de la Novena Sala, Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado Óscar Torres, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la resolución que ordenó la entrega de una copia del listado de los funcionarios del Ejército, relacionado con el personal activo, y que fueron integrantes de la agencia de la dictadura de Pinochet.

El Ejército sostenía la imposibilidad de entregar dicha información dado que no existirían registros acordes con los solicitados. Además de considerarse tal información de carácter reservado, personal y por un tema de inteligencia del Ejército.

La instancia judicial

"En relación al primer argumento invocado en el recurso de reclamación presentado por el Ejército, esto es, que no tiene registro o archivo con los nombres de los funcionarios del Ejército de Chile, correspondiente al personal activo de la institución, que integraron la Central Nacional de Informaciones (CNI), cabe precisar, que si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida", detalla el fallo.

"Máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado", complementa la resolución.

Más aún, la resolución de la Corte añade que "la causal de secreto o reserva no resulta aplicable al caso en análisis, ya que la excepción a la obligación de entregar información por un órgano del Estado, se basa en la hipótesis de: "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", atendido a que el requerimiento de entrega de información no tiene un carácter genérico, sino que especifico, ni se han aportado antecedentes que puedan justificar que la labor requerida implique procesar un elevado número de actos administrativos, ya que la propia recurrente ha señalado en su reclamo que estima el número de funcionarios que estaría comprendido en la citada entrega de información corresponde a un universo de 7.436 funcionarios, lo que además implica que ya ha cuantificado la información atingente".

La mirada de los involucrados

Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto para saber cuáles eran sus apreciaciones frente a esta situación. El abogado dijo: "me parece que la Corte ha actuado bien pues esa es una información que se necesita en los procesos que se están investigando actualmente".

"Es una información que debe ser pública por lo demás, por lo tanto me parece bien que la Corte obligue al Ejército a masificar esta información. Para el futuro es elemental, además de demostrar que no se trata de información confidencial y secreta del Ejército, luego, abre la posibilidad para que los jueces puedan realizar sus investigaciones con mucha más libertad y rapidez", explica el abogado.

"Las causas se entorpecen sin la información, y el que estos nombres se liberen generará una mayor transparencia, optimismo y destacar los avances de los Tribunales que aportan y apoyan las causas de los Derechos Humanos. No debe haber tantos secretos al interior de la administración pública", finaliza el abogado Caucoto.

La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, en conversación con Cambio21, se refirió también a la situación. "El Ejército tiene la obligación interna y nacional de entregar toda la información que sea requerida por las instituciones de investigación, y sobre todo los que tienen que ver con los listados de funcionarios de la DINE y de la CNI. Aquí no se realizan cosas con una finalidad de riesgo para el país, todo lo contrario", explica.

"Que la Corte de Apelaciones pida esto es a raíz de que el Ejército tiene la obligación de proporcionar toda la información requerida. Hasta el momento ellos siempre evitaron entregar la información, a lo más proporcionaban los alias pero muy raramente los nombres", afirma la abogada.

Finaliza sus comentarios refiriéndose a la responsabilidad del Ejército: "es inadmisible la forma de obrar de ellos. Los nombres reales de quiénes participaron es una obligación y si no la entregan se ponen al margen de la Constitución y de las obligaciones internacionales que obligan al Estado nacional en materia de Derechos Humanos internacionales", concluye.

Tuesday, June 23, 2015

“El Estado fue incapaz de establecer la verdadera fortuna de Pinochet”

por Matías Rojas (Chile)
Publicado el 22 junio, 2015 , en Análisis
Periodista Benedicto Castillo por caso Riggs:  Tráfico de drogas, contrabando de armas y fraude tributario son las aristas que quedaron a medio camino en las pesquisas orientadas a dilucidar el origen del patrimonio abultado en dictadura por la familia del general Augusto Pinochet.

Thursday, June 11, 2015

MINISTRO CARROZA DICTA PROCESAMIENTOS POR NUEVE HOMICIDIOS PERPETRADOS EN TOCOPILLA EN 1973

19/03/2015

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó el procesamiento en la investigación que sustancia por nueve homicidios calificados, perpetrados en la ciudad de Tocopilla, Segunda Región, entre septiembre y octubre de 1973.
En la resolución, el ministro Carroza sometió a proceso a: Gilberto Egaña García, por su responsabilidad en los homicidio de Julio Brewe Torres, Breno Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis. En tanto, procesó a Manuel Guillén Muñoz, José Fuentes Berrocal, Ricardo Gómez Centella, Sergio Méndez Henríquez, Nelson Ávalos Rauld, Gilberto Salinas Solari y Osvaldo Carmona Otero, por los homicidios de Claudio Tognola Ríos, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín Villarroel Carmona, Reinaldo Aguirre Pruneda y Freddy Araya Figueroa.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se ha logrado establecer, hasta ahora, los siguientes hechos:
1) Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis fueron detenidos entre el 16 y 20 de septiembre de 1973, por efectivos de la prefectura de carabineros de Tocopilla, entre los cuales se encontraba el ex funcionario de carabineros Gilberto Arturo Egaña García, y trasladados hasta la Primera Comisaría de esa ciudad, donde se les mantuvo en calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que se les ejecuta al interior de los mismo calabozos, utilizando fusiles ametralladoras. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados posteriormente en la morgue del hospital Marcos Macuada.
2) Que a su vez, funcionarios de carabineros de Tocopilla con la ayuda de funcionarios de Investigaciones de la misma ciudad, detuvieron entre los días 11 de septiembre y 4 de octubre de 1973, a Claudio Rómulo Tognola Ríos; Carlos Miguel Garay Benavides; Luis Orocimbo Segovia Villalobos; Agustín de la Cruz Villarroel Carmona; Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, a quienes mantuvieron detenidos al principio en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros y luego, en la cárcel pública de dicho puerto, pero el día 6 de octubre de ese año, los detenidos son trasladados maniatados, en una camioneta conducida por Manuel Guillermo Guillen Muñoz, hasta el pique minero denominado "Mina La Veleidosa" o "La Descubridora", ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, lugar donde procedieron a darles muerte utilizando con sus armas de fuego, siendo los cuerpos de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, arrojados al interior del pique, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros. Estos restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991. Los cadáveres de Aguirre y Araya, en cambio, fueron trasladados a la morgue del hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose, que se les había dado muerte durante un intento de fuga, producido durante el desarrollo de un operativo de búsqueda de armas y explosivos, realizados en el sector de una mina sin nombre".

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó el procesamiento en la investigación que sustancia por nueve homicidios calificados, perpetrados en la ciudad de Tocopilla, Segunda Región, entre septiembre y octubre de 1973.


Memoria Viva

El 23 de octubre de 1973 fueron ejecutados en la Comisaría de Tocopilla las siguientes personas:

- Carlos Oscar GALLEGOS SANTIS, de 30 años de edad, profesor, militante socialista; quien había sido detenido el 17 de septiembre en las cercanías de su domicilio y trasladado a la Comisaría de Tocopilla. Allí permanece sin derecho a
ser visitado hasta la fecha de su muerte.


- Breno Benicio CUEVAS DIAZ, de 45 años de edad, inspector de sanidad, militante socialista; detenido el 16 de septiembre de l973 en su domicilio por carabineros. Llevado a la Comisaría de Tocopilla, permanece recluido allí y
también en la Cárcel Pública. No le es permitido recibir visitas durante el período de su detención.

- Julio Enrique BREWE TORRES, de 26 años de edad, profesor, dirigente sindical, militante socialista; detenido cuando se presenta voluntariamente a la Comisaría de Tocopilla el 18 de septiembre, permaneciendo recluido en ese
recinto, sin derecho a visitas hasta el día de su muerte.
Los certificados de defunción indican como causa de la muerte, "heridas producto de impactos de bala", y en cuanto al lugar del fallecimiento señala la "vía pública", en Tocopilla en el caso de René Paredes y en María Elena en el de Lino Valdés. Esto último carece de veracidad, toda vez que todos los antecedentes confirman que ambos fueron ejecutados en la misma oportunidad y lugar. Así lo comprueban la detención conjunta; la fecha de la muerte; la entrega de los dos cadáveres en la morgue, la correlación numérica de los certificados de defunción y la versión radial oficial dando como explicación de las ejecuciones el intento de fuga de ambos prisioneros.
Además, se ha podido establecer que el último lugar donde permanecieron ambas víctimas fue el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Tocopilla. La Comisión se formó la convicción de que las muertes de Paredes y Valdés correspondieron a ejecuciones carentes de toda justificación, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales, en mérito de las siguientes circunstancias: - La constancia, por testimonios confiables, que los dos ejecutados fueron vistos arrestados en el interior del Cuartel;


- Vicente Ramón CEPEDA SOTO, 31 años de edad, médico cirujano, Director del Policlínico de CODELCO, militante socialista; detenido el 20 de septiembre por Carabineros que le conducen a la Comisaría donde permanece hasta su
muerte, sin derecho a ser visitado. Desde ese recinto era llevado a otros lugares para someterlo a interrogatorios y luego devuelto a la Comisaría.

El 23 de octubre se emitió un comunicado oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio, que señalaba que las muertes habían ocurrido así : "En circunstancias que el vigilante de calabozos de la Comisaría de Tocopilla procedía a abrir la puerta de una de las celdas para sacar al baño al prisionero Vicente Cepeda Soto, quien había solicitado autorización para ello, en forma repentina y sorpresiva Cepeda, en compañía de los prisioneros Bruno Cuevas Diaz, Julio Brewe Torres y Carlos Gallegos Santis - con quienes compartía dicha celda- agredieron al funcionario, logrando arrebatarle el Fusil SIG, sin alcanzar a hacer uso de él por desconocimiento del manejo y estar el arma con seguro". Ante los llamados de auxilio del vigilante, llegó el personal de servicio, "quien hizo fuego de inmediato sobre los agresores los cuales fueron dados de baja en el mismo lugar de los hechos", todo ello de acuerdo al "Bando Nº 8 de 19 de septiembre último y artículo 281 del Código de Justicia Militar".

El comunicado anterior fue publicado en el diario El Mercurio de Antofagasta el 25 de octubre de l973, bajo el titular "Dados de baja 4 extremistas en Tocopilla".
Los certificados de defunción de las cuatro víctimas señalan como causa de la muerte herida a bala, como lugar y hora: Tocopilla - Comisaría a las 03:55 horas.
La Comisión se formó la convicción de que las muertes de los cuatro detenidos individualizados correspondieron a ejecuciones al margen de toda legalidad, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:

- La inverosimilitud de que los afectados hubiesen intentado huir de su lugar de reclusión, en la forma descrita por la versión oficial, que habría significado enfrentarse a toda la dotación con una sola arma que, además, no sabían usar, y en precarias condiciones físicas tras un mes de detención y sometimiento a interrogatorios reiterados;

- El que aún en el evento que se hubiese producido un intento de esa naturaleza, no aparece necesario reprimirlo como se informó que se había hecho, esto es matando a cuatro detenidos que no sabían usar el arma que habrían obtenido y que incluso permitieron que el guardia llamara a sus compañeros.
(Corporacion)


CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS


Rut       : 3.069.009
F.Nacim. : 08-08-31, 42 años a la fecha de su detención
Domicilio : Población de SOQUIMICH, Tocopilla
E.Civil  : Casado, 4 hijos
Actividad : Médico Obstetra
C.Repres. : Partido Socialista, miembro de la Dirección de ese Partido en Tocopilla; Médico Jefe de la Maternidad del Hospital de Tocopilla y médico de la Sociedad Química de Chile (SOQUIMICH)
F.Detenc. : 16 de septiembre de 1973

                                                                   

SITUACION REPRESIVA
            Claudio Rómulo Tognola Ríos, médico obstetra, casado, padre de cuatro hijos, dirigente del Partido Socialista, fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:30 horas, durante la vigencia del toque de queda, en su domicilio de la ciudad de Tocopilla y en presencia de Rosa Vega Carrasco -madre de una hija de Tognola Ríos-. Su detención la efectuó el Jefe de Investigaciones de Tocopilla, de apellido Fuentes, junto a una patrulla de militares, los que se movilizaban en una camioneta color verde perteneciente a la Corporación del Cobre (CODELCO). El afectado permaneció recluido en la Comisaría de Carabineros de Tocopilla y en la Cárcel de esa ciudad, siendo visto por testigos. Fue sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros junto a Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Carlos Miguel Garay Benavides (desaparecidos en las mismas circunstancias que la víctima), a Freddy Alex Araya Figueroa y a Reinaldo Armando Aguirre Pruneda (ejecutados). En los primeros días de octubre de 1973, todos ellos fueron llevados a una mina abandonada, ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, en donde se les dio muerte. El cuerpo de Claudio Tognola fue recuperado e identificado sólo 17 años más tarde, en septiembre de 1990. Rosa Agustina Vega Carrasco declaró que con Claudio Tognola llegaron a vivir a Tocopilla en junio de 1972, en donde él se desempeñaba como médico en el Hospital y en SOQUIMICH. Incluso, después del 11 de septiembre de 1973, siguió trabajando normalmente y las autoridades militares le concedieron un salvoconducto para transitar en horas de toque de queda. Una semana más tarde, el 16 de septiembre de 1973, fue detenido por el jefe de Investigaciones y una patrulla militar. Le dijeron que iban a buscarlo para hacerle una preguntas y nada más. El 17 de septiembre, Rosa Vega conversó por teléfono con el Capitán Rodolfo Silva, de la Comisaría de Tocopilla, quien le dijo que la situación estaba grave para el afectado porque estaba involucrado en el "Plan Z". A las 11:00 de la mañana, la testigo se dirigió al recinto policial y vio cuando estaban trasladando a varios detenidos hacia la Cárcel Pública. Los llevaban a pie y con las manos en la nuca. Entre ellos iba Claudio Tognola.
            En el recinto carcelario, Rosa Vega no pudo verlo, sin embargo, concurría a diario a dejarle comida. En los primeros días de octubre, ella habló con el Fiscal de Carabineros Juan Salazar Lafterry, el que le dijo que el afectado estaba siendo procesado por pertenecer al Partido Socialista y la autorizó para que viera a la víctima durante tres minutos. La declarante recuerda que el afectado se veía mal y pálido. El doctor Tognola le dijo que se quedara tranquila y que pronto iba a salir en libertad.
            Por su parte, Pedro Rojas Jorquera, a la sazón recluido en la Cárcel de Tocopilla, vio cuando sacaron de dicho plantel al afectado, a Carlos Miguel Garay y a Luis Orocimbo Segovia, en los primeros días de octubre de 1973.
            Además, el 3 de octubre de 1973, en la tarde, cuando Rosa Vega  se encontraba en el Hospital de Tocopilla, fue informada de la supuesta fuga de Claudio Tognola. De inmediato se dirigió a hablar con el Fiscal Juan Salazar, quien le expresó que cuando se realizaba una diligencia en una mina, Tognola y otros detenidos habían huido hacia el interior del socavón, el que tuvieron que tapiar. Posteriormente, ella supo que un funcionario carabinero al que le decían "Cacho" Valdivia, de la Comisaría de esa ciudad, había comentado haber dado muerte a Tognola.
            Rosa Canales -cónyuge de la víctima y madre de tres de los hijos de la víctima, residente en Santiago- al no tener noticias del afectado, llamó por teléfono al Hospital de Tocopilla, informándose que Tognola Ríos se encontraba detenido. Entre el 10 y el 20 de octubre de 1973, viajó a esa ciudad, logrando ser recibida por el Teniente Coronel de Carabineros Luciano Astete Almendras, quien le dio la información de la huida de Claudio Tognola, diciéndole que volviera un mes más tarde a buscar un documento que le otorgaría la Fiscalía Militar de Antofagasta y en el que constaría el desaparecimiento del doctor Tognola, el que nunca le fue entregado. Además, le prohibió hacer uso de bienes de la sociedad conyugal, incluyendo un automóvil que  -le dijo-  debía ser vendido en Tocopilla. Según informaciones obtenidas por la testigo, el traslado del afectado y los otros detenidos a la mina, se realizó en un furgón de Carabineros y participaron en éste un Mayor de Carabineros de apellido Salazar, un Capitán de apellido Silva, el Teniente de Carabineros Alex Cantín y el Cabo Valdivia.
            El 6 de octubre de 1973, se publicó en la prensa de la zona un comunicado oficial firmado por el Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio de Tocopilla, Teniente Coronel y Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, en el que se daba cuenta de una falsa fuga de un grupo de detenidos, dicho comunicado señalaba lo siguiente: "Se pone en conocimiento de la ciudadanía que hoy, a las 08:30 horas, en circunstancias que personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplían una diligencia de la Fiscalía Militar en una mina ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, aprovechándose que este personal desenterraba una gran cantidad de dinamita, amón gelatina, los prisioneros Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda, se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de gritarles alto en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos". Se finalizaba diciendo que Araya y Aguirre habían sido dados de baja en el mismo lugar, mientras el afectado, Garay y Segovia, huían lesionados. Esta versión de los hechos también fue comunicada oficialmente a la señora Adriana Benavides, madre de Miguel Garay.
            Los restos de Reinaldo Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, fueron llevados a la morgue local. Ambos certificados médicos de defunción daban como fecha de muerte el 4 de octubre de 1973, en la vía pública, Tocopilla, a las 07:00 de la mañana. La causa: estallido cerebral por herida de bala. La inscripción de las respectivas defunciones se practicó por orden judicial, sin que se indicara el número de rol de la causa ni el Tribunal que emitió dicha orden. Por su parte, Claudio Tognola, Carlos Miguel Garay y Luis Segovia -los supuestos fugitivos- debieron esperar hasta 1990, fecha en que organismos de Derechos Humanos de la zona hicieron la denuncia judicial relativa a que en la mina "La Veleidosa" se encontrarían los cuerpos de algunos de los detenidos-desaparecidos. Cuando por orden del Tribunal se excavó en dicha mina, a 380 metros de profundidad, fueron encontradas las osamentas de las víctimas, con evidentes signos de haber sido dinamitadas. Los trabajos de exhumación duraron más de un mes. El sitio donde se encontraban los restos era de muy difícil acceso de gran riesgo para quienes trabajaban allí. Los cuerpos habían sido tirados a la mina y debido a que este hecho fue conocido por lugareños, años más tarde se dinamitó el lugar para dificultar el acceso. Los restos de Claudio Tognola fueron positivamente identificados.
            En el año 1991 los restos de Claudio Tognola fueron trasladados a Santiago, donde se les dio sepultura definitiva en el Cementerio General.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            En el Primer Juzgado Militar de Antofagasta se tramitó una querella por homicidio del afectado, en 1989, rol N°230-89. El 6 de septiembre de 1989, dicho Tribunal aplicó el D.L. 2.191 de abril de 1978, sobre amnistía, sobreseyendo total y definitivamente la causa. Se apeló de la resolución a la Corte Marcial de Santiago, la que aprobó el fallo en agosto de 1990. Se recurrió entonces de Queja a la Corte Suprema, encontrándose aún pendiente su fallo.
            Además, en junio de 1990, la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla interpuso ante el Primer Juzgado del Crimen de esa ciudad una querella por inhumación ilegal, la que fue rolada con el N°3232. A raíz de esta presentación se efectuaron las excavaciones en la mina "La Veleidosa", las que tuvieron como resultado el hallazgo de los restos de la víctima y su identificación.




Carlos Miguel GARAY BENAVIDES


El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el sector de la Mina "La Veleidosa", cerca de Tocopilla, los siguientes cinco detenidos:
- Freddy Alex ARAYA FIGUEROA, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista; quien había sido detenido el 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un familiar, conducido al Cuartel de Investigaciones, desde donde fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos días después;
- Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista; detenido el 4 de octubre de l973, por personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar.
- Claudio Rómulo TOGNOLA RIOS, de 42 años de edad, Médico, militante socialista; quien fuera detenido el 16 de Septiembre de l973 en su domicilio, por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, trasladado a la Comisaría y luego recluído en la Cárcel.
- Luis Orozimbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 años de edad, ingeniero de ejecución, empleado de Cobrechuqui, militante socialista; detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo. A pesar de ser buscado por sus familiares en diversos lugares de reclusión no obtienen noticias de su paradero hasta la publicación del comunicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da cuenta del intento de huida.
- Carlos Miguel GARAY BENAVIDES, de 25 años de edad, supervisor en Cobrechuqui, militante comunista; quien fue detenido el 12 de septiembre por funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo. Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la Cárcel.
Según un comunicado oficial emitido por el Jefe de Plaza de Tocopilla, publicado en el diario "la Estrella" de Antofagasta, el 8 de octubre los detenidos en la Cárcel de Tocopilla, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda, fueron trasladados a una mina ubicada a 15 kms. al norte de Tocopilla para cumplir una diligencia de la Fiscalía Militar. Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros "desenterraba una gran cantidad de dinamita y amongelatina, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos.
Como consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja Freddy Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda. El resto de los prisioneros lograron huir hacia el interior de la mina, pero por antecedentes recogidos en el lugar del hecho se estima huyen lesionados".
Los restos mortales de Reinaldo Armando Aguirre y Freddy Alex Araya Navarro fueron entregados a la morgue local, desde donde fueron recogidos por sus familiares luego de conocido el comunicado oficial.
La versión oficial que en sí era de gran debilidad quedó desmentida durante 1990, cuando por orden judicial se excavó la mina La Veleidosa y fueron encontrados e identificados legalmente los restos de los presuntos fugados, y hasta entonces desaparecidos, en condiciones tales que evidenciaban haber sido ejecutados.
La Comisión se formó la convicción que las muertes de las cinco personas ya individualizadas correspondieron a ejecuciones de prisioneros capturados, de responsabilidad de agentes del Estado, incurriéndose en grave violación de los derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:
- Resulta inverosímil que un grupo de detenidos fuertemente custodiados, más aún si se considera que se pretendía buscar armas y explosivos, pudiesen haber intentado la fuga;
- Además de lo anterior, por diversos testimonios confiables, consta que al menos algunos de ellos se encontraban en precarias condiciones físicas, producto de las torturas que habían recibido durante su reclusión;
- Finalmente, la aparición de los cuerpos sin vida de los presuntos fugados en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos, escondidos en una mina y con indicios de haber sido ejecutados desmiente la versión oficial sobre su huida.
(Informe Rettig)

Actualidad:


Primera Linea 28 de Septiembre 2001Juez Guzmán relega causas y abre un nueva investigación
Cumpliendo con su mandato básico de ayudar a los procesos judiciales que tengan como fin encontrar detenidos desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos, conocido anteriormente como Corporación de Reconciliación Nacional, se hará parte coadyuvante en las 22 causas en que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se declaró incompetente.
El Programa también afina la estrategia para hacerse parte en los procesos que tramita el juez Guzmán sobre detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos restos aún no han sido encontrados. El punto aún no resuelto es si presentarán escritos de acuerdo a los episodios ya fijados -Villa Grimaldi, Pisagua, Calle Conferencia, Liquiñe, Operación Cóndor, Operación Colombo- o sólo con respecto a cada una de las víctimas que investiga el magistrado.
A la fecha, Guzmán sólo ha recibido el escrito firmado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por el caso del pique mina Mapocho y se espera que próximamente la instancia dependiente del gobierno solicite diligencias para apresurar esta causa, que no se encuentra dentro de las prioridades de Guzmán.
Con ello, el Programa persigue que los procesos progresen en forma simultánea y se cumpla con el desafío de hallar el mayor número de restos de detenidos desaparecidos.
Aunque originalmente el juez planteó que era incompetente en 27 procesos, en los últimos días a solicitud de los querellantes ha decidido revocar algunas de sus resoluciones.
Esto fue lo sucedió en el caso de Luis Alberto Gómez Cerda, Claudio Romulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides cuya investigación había sido delegada al Juzgado de Letras de Tocopilla y hoy, junto con el resto de causas de detenidos desaparecidos de esa zona, conformarán un nuevo cuaderno de investigación caratulado como Tocopilla y al que en los próximos días se abocará en profundidad el ministro de fuero.
Gómez Cerda fue detenido el 13 de septiembre de 1973, mientras se desempeñaba en la División Chuquicamata de la Corporación del Cobre (Codelco) de Tocopilla (Cobrechuqui), de militancia socialista no hay registros fehacientes que establezcan que sucedió con él.
Distinta es la historia de Tognola Ríos -médico obstetra (PS) que trabajaba en la maternidad del hospital de Tocopilla y en la Sociedad Química de Chile (Soquimich) y de quien se pierde el rastro el 16 de septiembre de 1973- y de Garay Benavides -supervisor de Cobrechuqui (PC), detenido el 12 de septiembre de 1973-, pues de acuerdo a los querellantes sus cuerpos estarían en la mina "La Veleidosa", donde ya se realizaron excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de un gran número de restos óseos, que corresponderían a ellos.
Otro proceso que volverá a manos del Guzmán es la causa de Isidoro Carrillo Tornería y otros, donde actúa como querellante Vasili Carrillo, caso que había sido rechazado por el magistrado y entregado en agosto de este año al juzgado de turno de Concepción.
Pero el logro más trascendental para los querellantes fue que el ministro acogiera nuevamente la desaparición de Cardenio Ancacura Manquian (PS) y Manuel Jesús Hernández Inostroza, pues de acuerdo al informe que entregaron las Fuerzas Armadas al concluir la Mesa de Diálogo sus restos fueron lanzados al Lago Ranco, Décima región.
Debido a los antecedentes aportados por las FF.AA esta causa constituye para los querellantes un aporte significativo a los procesos de derechos humanos, por lo que no debería ser abandonada por el ministro.
Según el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, abogado Roberto Garretón, una vez que conozcan la lista definitiva de causas en que se declaró incompetente Guzmán lo inmediato sería pedir ministros en visita en los casos que corresponda e, independiente de ello, la entidad debe participar en la investigación.
Las causas que Guzmán no revisará
Entre las causas relegadas por Guzmán hasta ahora se estableció que la investigación sobre la ejecución de Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva y Artemio Pizarro Aranda, quienes perdieron la vida a manos de personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, será vista por la ministra de fuero Gabriela Corti en Valparaíso.
Por su parte, la desaparición el 17 de noviembre de 1975 del militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara será investigada por la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Lo mismo sucederá con la ejecución en la vía pública que sufrió el 24 de septiembre de 1973 Arnoldo Camu Veloso, asesor legal del Presidente Salvador Allende, cuyo proceso quedará en manos de la jueza exclusiva María Ines Collins, del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
Otras causas en las que Guzmán se declaró incompetente :
- Luis Rodríguez Arancibia, Alfredo Moreno Neira, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastián Leiva: será enviada al Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago. - Hugo Riveros Gómez: quedará a cargo del 18º Juzgado del Crimen de la capital. - Juan Isaías Heredía Olivares: será vista por el Juzgado de Letras de Los Angeles. - José Esaú Velásquez Velásquez y otros: quedará en manos del Juzgado de Chaitén. - Guillermo Vargas Gallardo:será pesquisa por el Juzgado del Crimen de turno de Copiapó. - Humberto Salas Salas :se revisará en el Juzgado del Crimen de turno de Osorno. - Máximo Astolfo Bermúdez Ballón y Juan Rafael Bermúdez Gaete: será analizada por el 26º Juzgado del Crimen de Santiago. - Tránsito Cabrera Ortiz: será vista por el Juzgado del Crimen de Talcahuano.
- Máximo Segundo Neira Salas: será indagada por el Juzgado de turno de Talcahuano. - Salvador Cautivo Ahumada: será pesquisada por el Juzgado de turno de Arica. - Miguel Vega: será analizada por el Juzgado de turno de Curicó. - José Alfonso Constanzo Vera: quedará a cargo del Juzgado de turno de Talcahuano. - Susana Estrella Obando: será investigada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Lisandro Salvador Sandoval Fuentes: será revisada por el 14º Juzgado del Crimen de Santiago. - Silvio Francisco Betancourt Bahamondes: será analizada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Ramón Luis Vivanco Díaz: a cargo del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Guillermo Amador Alvarez Cañas: quedará en manos del Juzgado de turno de San Antonio. - Ariel Monsalves Martínez: será vista por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Bernardo Mario Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda: será investigada por el Juzgado de Letras de Vicuña. Juez Sergio Muñoz interrogó a ex jefe CNI Roberto Schmied por caso Alegría Mundaca;
El ministro en visita Sergio Muñoz interrogó hoy al ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (R) Roberto Schmied Sanzi, para establecer si le cabe responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en el proceso por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conectado al de Tucapel Jiménez.
Alegría Mundaca fue asesinado en 1983 por agentes de la CNI para encubrir el homicidio del dirigente sindical. El 19 de julio del año pasado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones condenó a cadena perpetua al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y los ex agentes de ese organismo Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera, en calidad de autores del crimen, mientras que castigó con diez años de prisión a Osvaldo Pincetti.
Además, está sometido a proceso Hugo Alarcón Vergara, ex chofer de Alvaro Corbalán.
Al momento de cometerse el crimen, Schmied era el subdirector de la disuelta CNI y se le atribuye la calidad de cómplice por ser el oficial superior en la línea de mando de los agentes de ese organismo que ya han sido condenados.
La versión entregada por Schmied en el interrogatorio de Muñoz señala que jamás tuvo conocimiento de la operación porque en esa época se hallaba fuera del país, de acuerdo a su pasaporte que está incluido en el expediente



Primera Linea 24 de Abril 2002Remociones: La nueva prioridad del Programa de DD.HH.
El horror que se apoderó de los chilenos el 30 de noviembre de 1978 cuando por primera vez la evidencia fue más que las palabras de la Junta Militar y el hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén demostró los crímenes ocultos de la dictadura y abrió la puerta a un nuevo episodio mucho más alevoso: la exhumación de cuerpos y su destrucción.

Debieron pasar varios años para que la palabra remoción comenzara a circular como un hecho cierto en los pasillos de los tribunales, junto a la evidencia irrefutable de la Cuesta Barriga y del Fuerte Arteaga.
Los pequeños fragmentos hallados en Calama también alertaron sobre dinamitación de cuerpos que luego fueron cambiados de posición, ya que tras Lonquén era necesario encubrir de mejor forma los crímenes y eliminar cualquier vestigio de evidencia.
Consciente de esta realidad, el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior consideró que su mandato de ayudar en las investigaciones, tras las huellas de detenidos desaparecidos, no debían detenerse sólo en el primer crimen, sino que avanzar en la búsqueda de la verdad última de los detenidos desaparecidos.
Basándose en el mandato que otorga la ley 19.123 del 8 de febrero de 1992, el Programa analiza hace semanas en su reunión habitual del equipo jurídico que se efectúa los martes, los casos en que hacerse parte para indagar este nuevo episodio.
Tras la presentación hecha en Cuesta Barriga que no fructificó y que ahora espera que la Corte de Apelaciones determine si la ministra Amanda Valdovinos o el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza debe conocer este abrir sumario sobre este crimen, el Programa insistió en el caso Fuerte Arteaga. Y ahí la respuesta fue la misma que en el proceso anterior, la ministra Valdovinos -que busca osamentas de detenidos desaparecidos de La Moneda en el recinto castrense- informó que deben ser los tribunales del crimen correspondientes quienes inicien una investigación al respecto.

Calama, Tocopilla y Purén
Con el panorama adverso, el Programa ahora se juega las cartas con más calma y analiza en paralelo pedir que se investigue remociones en tres causas: Calama, Tocopilla y Purén.
En el primer lugar, siguen sin ser ubicados los restos de trece personas que habrían sido encontrados hace algunos días en las pampas de Moctezuma, a unos 15 kilómetros de Calama.
Aunque no se indica aún a quién corresponden estas piezas, los informes preliminares hablan de remociones de cuerpos por los pequeños restos hallados. En la zona aún falta por encontrar las osamentas de Carlos Berger Berger Guralnik (PC), Daniel Jacinto Garrido Muñoz (sin militancia), David Ernesto Miranda Luna (PC), Manuel Segundo Hildago Rivas (PC), Domingo Mamani López (PS), Luis Alfonso Moreno Villarroel (PS), Rosario Aguid Muñoz Castillo (PS), Alfredo Víctor Ortega Cuevas (PS), Rafael Enrique Pineda Ibacache (PS), Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa (PS), Sergio Moisés Ramírez Espinoza (sin militancia), Jorge Ruben Yueng Rojas (sin militancia) y Bernardo Cayo Cayo (PC).
Todos ellos figuran -de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas presentado en el marco de la Mesa de Diálogo- como lanzados al mar frente a las costas de Tocopilla.
El caso lo ve el juez con dedicación preferente, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Loa-Calama Jaime Medina.
En Tocopilla la entidad dependiente del ministerio del Interior tiene puestos los ojos sobre la posibilidad que se identifique el paradero de un grupo de detenidos desaparecidos que habrían sido enterrados en la mina La Veleidosa. Ya se han logrado ubicar los cuerpos de Claudio Rómulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides, pero aún falta las osamentas de Luis Alberto Gómez Cerda.
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia ha revisado al menos en dos oportunidades el sector y ahora esta a la espera que la ministra de fuero Gabriela Corti, en Valparaíso, termine con los trabajos en el desaparecido centro de reclusión de Isla Riesco, para utilizar la maquinaria pesada necesaria paras las excavaciones.

El estudiante de Arica
El otro episodio que podría implicar al Programa se refiere a Sergio Amador Pantoja Rivera, estudiante, quien cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica y que, encontrándose en campaña militar en la localidad de Putre, fue detenido luego de un interrogatorio practicado por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y sacado del campamento con fecha 24 de Octubre de 1974, junto al conscripto Juan Peña Fuenzalida, por un grupo de uniformados, quienes los trasladaron amarrados y vendados en un jeep con destino desconocido.
Se estima que desde el 2 de enero de 1974 la víctima estuvo en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, hasta que el 3 de octubre de 1974 fue trasladado al Regimiento de Infantería Motorizado "Rancagua" de la ciudad de Arica donde se perdió su rastro. Aquí los informes hablan también de la posibilidad que halla sido inhumado y luego exhumado su cuerpo.


El Mostrador 17 de Julio 2002Ejecuciones en Tocopilla: Procesan a 2 ex carabineros
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia dictó autos de procesamiento por violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos en Tocopilla, y encausó por los delitos de homicidios calificados reiterados a lo ex Carabineros Luciano Astete Almendras, quien fue prefecto de Tocopilla, y Juan de Dios Salazar Lantery, que se desempeñó como fiscal militar de Carabineros.
El auto de procesamiento consigna que existen presunciones fundadas para acreditar la participación en grado de autor de los ex miembros de las fuerzas de orden en los homicidios de Julio Brewe Torres, Claudio Tognola Ríos, Agustín Villaroel Carmona, Carlos Garay Benavides, Freddy Araya Figueroa, Reinaldo Aguirre Prudena, Luis Segovia Villalobos, Ernesto Moreno Díaz, Iván Morán Araya, Carlos Gallegos Sántis, Breno Cuevas Díaz y Vicente Cepeda Soto.
Los homicidios de estas persona tuvieron lugar en el puerto de Tocopilla entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973. Muchos de ellos se hicieron pasar por falsos enfrentamientos

El Mercurio 23 de Julio 2002Deniegan libertad a ex fiscal militar, Juan de Dios Salazar
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, denegó hoy la libertad bajo fianza para el ex fiscal militar de la Segunda Región, capitán en retiro Juan de Dios Salazar Lantery.
El oficial (R) fue procesado la semana pasada, junto al ex prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, bajo los cargos de homicidio y secuestro cometidos en contra de 12 personas en Tocopilla, entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973.
Según consta en el auto de procesamiento, Astete y Salazar dieron muerte con armas de fuego a doce personas. Seis de las víctimas fallecieron en la mina "La Veleidora", ubicada a treinta kilómetros al oriente de Tocopilla, cuatro murieron en el calabozo de la misma ciudad y otros dos cuerpos fueron entregados a la morgue del hospital Marcos Macuada.
Desde 1991 se empezaron a encontrar los cuerpos de estas doce víctimas, identificadas como Julio Enrique Brewe Torres, Claudio Rómulo Taguala Ríos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Carlos Miguel Garay Benavides, Félix Álex Araya Figueroa, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Luis Orosimbo Segovia Villalobos, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Iván Florencio Morán Araya, Carlos Óscar Gallegos Santis, Bruno Benicio Cuevas Díaz y Vicente Ramón Cepeda Soto.
Los dos procesados como autores de homicidio calificado reiterado están detenidos en la Escuela de Formación Policial de Carabineros.
El tribunal de alzada estuvo compuesto por los ministros Sergio Valenzuela Patino, Lamberto Cisternas y el abogado integrante, Domingo Hernández.


LUIS OROCIMBO SEGOVIA VILLALOBOS


Rut       : 4.842.108-3
F.Nacim. : 11-01-45, 28 años a la fecha de su detención
Domicilio : Población Chile, Departamento 313, Tocopilla
E.Civil  : Soltero
Actividad : Ingeniero en Ejecución
C.Repres. : Partido Socialista, Supervisor de la Corporación Nacional del Cobre, División Chuquicamata (COBRECHUQUI), Planta Termoeléctrica de Tocopilla
F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973

                                                                  

SITUACION REPRESIVA
            Luis Orocimbo Segovia Villalobos, soltero, Ingeniero en Ejecución, funcionario de CODELCO, militante del Partido Socialista, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo de la Termoeléctrica de Tocopilla, por Carabineros de la Comisaría de Tocopilla. Después de producida su aprehensión, se allanó el domicilio que compartía con Carlos Garay Benavides, desaparecido en las mismas circunstancias que el afectado.
            Permaneció recluido en la Cárcel de Tocopilla y fue sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros de esa ciudad, junto a Carlos Miguel Garay, Claudio Tognola Ríos, Freddy Alex Araya Figueroa y Reinaldo Armando Aguirre Pruneda. Todos ellos fueron sacados del recinto carcelario en los primeros días del mes de octubre de 1973 y llevados a la mina "La Veleidosa", 15 kilómetros al norte de Tocopilla, lugar donde se les ejecutó. El cuerpo de Luis Orocimbo Segovia fue rescatado e identificado sólo 17 años más tarde, en septiembre de 1990.
            Durante su permanencia en la Cárcel, la víctima fue vista por Pedro Rojas Jorquera, a la sazón recluido en dicho plantel. El declarante señaló que el afectado había sido sacado de allí junto a Carlos Miguel Garay y al doctor Claudio Tognola.
            Por su parte, María Luisa Villalobos Salcedo -prima del afectado- viajó a Tocopilla días después del 11 de septiembre de 1973, a causa de la falta de noticias relativas al afectado. Llegó al domicilio de la Población Chile, encontrando el departamento vacío y revuelto. Inició entonces su búsqueda, informándose, en una oficina, que su primo había sido detenido cuando llevaba una carga de explosivos en una camioneta de la Compañía. En la Cárcel de esa ciudad, un gendarme, a través de una ventanilla, y después de mirar en una lista de 6 personas que se encontraban a un costado de ella, dijo que ahí no había nadie detenido con el nombre del afectado. El 20 de septiembre de 1973 -dijo la testigo- Luis Orocimbo fue visto a las 08:00 de la mañana, arriba de un camión. Iba muy maltratado y sentado arrinconado. Posteriormente, el 6 de octubre de 1973, por la prensa, la testigo se informó de que su familiar se encontraba "prófugo".
            Efectivamente, ese día se publicó en la prensa de la zona un comunicado oficial firmado por el Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio de Tocopilla, Teniente Coronel y Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, en el que se daba cuenta de una falsa fuga de un grupo de detenidos; dicho comunicado señalaba lo siguiente: "Se pone en conocimiento de la ciudadanía que hoy, a las 08:30 horas, en circunstancias que personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplían una diligencia de la Fiscalía Militar en una mina ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, aprovechándose que este personal desenterraba una gran cantidad dinamita, amón gelatina, los prisioneros Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda, se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de gritarles alto en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos". Se finalizaba diciendo que Araya y Aguirre habían sido dados de baja en el mismo lugar, mientras el afectado, Tognola y Garay, huían lesionados.
            Esta versión de los hechos también fue informada oficialmente a los padres de Carlos Miguel Garay Benavides.
            Los restos de Reinaldo Aguirre Pruneda y de Freddy Araya Figueroa, fueron llevados a la morgue local. Ambos certificados médicos de defunción, daban como fecha de muerte el 4 de octubre de 1973, en la vía pública, Tocopilla, a las 07:00 de la mañana. La causa: estallido cerebral por herida a bala. La inscripción de las defunciones se practicó por orden judicial, sin que se indicara el número de rol de la causa ni el Tribunal que emitió dicha orden. Por su parte, Luis Orocimbo Segovia, Carlos Miguel Garay y Claudio Tognola -los supuestos fugitivos- debieron esperar hasta 1990, fecha en que organismos de Derechos Humanos de la zona, hicieron la denuncia judicial relativa a antecedentes de que en la mina "La Veleidosa" se encontrarían los cuerpos de algunos detenidos-desaparecidos. Efectivamente, cuando, por orden del Tribunal, se excavó en dicha mina, a 380 metros de profundidad, fueron encontradas las osamentas de las víctimas, con evidentes signos de haber sido dinamitadas. Los trabajos de exhumación duraron más de 30 días, el lugar era de muy difícil acceso e importaba un alto riesgo para los trabajadores y peritos designados por el tribunal. En 1973 los cuerpos de las víctimas fueron llevados al interior de la mina, al parecer quedaron a la vista y entre los lugareños se corrió la noticia del entierro clandestino. Años más tarde para dificultar el rescate de los restos se dinamitó la mina. Esos hechos también son parte de la investigación de la denuncia por inhumación ilegal que tramita el Juzgado de Tocopilla. Los restos de Luis Orocimbo Segovia fueron positivamente identificados y trasladados a su ciudad de origen Copiapó, para su sepultura definitiva, en octubre de 1990. Entretanto, el cerro Tres Puntas se iluminó con una cruz hecha por antorchas encendidas que allí colocaron los pobladores y lugareños en memoria de los detenidos-desaparecidos.
           

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            Por el afectado no se realizaron gestiones judiciales, hasta 1990. En junio de ese año, la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla interpuso ante el Primer Juzgado del Crimen de esa ciudad una querella por inhumación ilegal, la que fue rolada con el N°3232. A raíz de esta presentación se produjeron las excavaciones en la mina "La Veleidosa", las que tuvieron como resultado el hallazgo de los restos de la víctima y su identificación.

AGUSTIN DE LA CRUZ VILLARROEL CARMONA


Rut       : no consta
F.Nacim. : 07-03-39, 34 años a la fecha de su detención
Domicilio : Ciudad de Tocopilla
E.Civil  : Casado
Actividad : no consta
C.Repres. : no consta
F.Detenc. : Entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973

                                                                   

SITUACION REPRESIVA
            Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, -quien se encontraba de paso por la ciudad de Tocopilla- fue detenido entre el 15 y 17 de septiembre de 1973, al presentarse voluntariamente en la Comisaría de Carabineros de esa ciudad. Desde ese momento no volvió a saberse de él, hasta que, 17 años más tarde, en 1990, sus restos fueron encontrados en la mina "La Veleidosa", 15 kilómetros al norte de Tocopilla, con evidentes signos de haber sido dinamitados.
            Aunque no existen testimonios de la permanencia de la víctima en recintos de reclusión, antecedentes relativos a otras situaciones permiten concluir que sus captores lo sacaron de su lugar de detención, para conducirlo a la mina "La Veleidosa", en donde se le dio muerte. Efectivamente, y refiriéndonos a otros casos, en los primeros días de octubre de ese año, fueron retirados de la Cárcel de Tocopilla, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Carlos Miguel Garay Benavides, Claudio Tognola Ríos, Freddy Alex Araya Figueroa y Reinaldo Armando Aguirre Pruneda. El 6 de octubre de 1973, se publicó en la prensa un comunicado oficial firmado por el Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio de Tocopilla, Teniente Coronel y Prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, en el que se daba cuenta de la fuga de las cinco personas mencionadas, cuando se cumplía en la mina una diligencia ordenada por la Fiscalía Militar. Se agregaba que en el mimo lugar habían sido dados de baja Freddy Araya y Reinaldo Aguirre, -cuyos cuerpos fueron entregados a sus respectivas familias-, mientras que Claudio Tognola, Luis Segovia y Carlos Garay habían logrado huir.
            Sin embargo, en 1990, y por denuncias judiciales hechas por los organismos de Derechos Humanos de la zona, se excavó en la mina "La Veleidosa" encontrándose -e identificándose posteriormente- los restos de Tognola, Garay y Segovia. Junto a ellos, estaban las osamentas -también fueron plenamente identificadas- de Agustín Villarroel Carmona. Su cuerpo fue entregado a su hijo Rodolfo Villarroel, quien lo trasladó a Copiapó para darle sepultura definitiva.

             
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            En junio de 1990, la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla presentó querella por inhumación ilegal ante el Primer Juzgado del Crimen de dicha ciudad, la que fue acogida a tramitación y rolada con el N°3232. A raíz de esta presentación, se produjeron las excavaciones en la mina "La Veleidosa", las que tuvieron como resultado el hallazgo de los restos de la víctima y su identificación judicial.
            Fue ante este Tribunal que Rodolfo de la Cruz Villarroel -hijo del afectado- interpuso una querella criminal por el delito de inhumación ilícita en contra de quienes resulten responsables, (1990). Dicho proceso, a marzo de 1992, aún se encontraba en trámite.

Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA

El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el sector de la Mina "La Veleidosa", cerca de Tocopilla, los siguientes cinco detenidos:
            - Freddy Alex ARAYA FIGUEROA, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista; quien había sido detenido el 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un familiar, conducido al Cuartel de Investigaciones, desde donde fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos días después;
            - Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista; detenido el 4 de octubre de l973, por personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar.
            - Claudio Rómulo TOGNOLA RIOS, de 42 años de edad, Médico, militante socialista; quien fuera detenido el 16 de Septiembre de l973 en su domicilio, por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, trasladado a la Comisaría y luego recluído en la Cárcel. 
            - Luis Orozimbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 años de edad, ingeniero de ejecución, empleado de Cobrechuqui, militante socialista; detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo.  A pesar de ser buscado por sus familiares en diversos lugares de reclusión no obtienen noticias de su paradero hasta la publicación del comunicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da cuenta del intento de huida.
            - Carlos Miguel GARAY BENAVIDES, de 25 años de edad, supervisor en Cobrechuqui, militante comunista; quien fue detenido el 12 de septiembre por funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo.  Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la Cárcel. 
                        Según un comunicado oficial emitido por el Jefe de Plaza de                         Tocopilla, publicado en el diario "la Estrella" de Antofagasta, el 8 de octubre los detenidos en la Cárcel de Tocopilla, Carlos Garay  Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy  Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda, fueron trasladados a una mina ubicada a 15 kms.  al norte de Tocopilla para cumplir una diligencia de la Fiscalía Militar.  Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros "desenterraba una gran cantidad de dinamita y amongelatina, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos. Como consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja Freddy Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda.  El resto de los prisioneros lograron huir hacia el interior de la mina, pero porantecedentes recogidos en el lugar del hecho se estima huyen lesionados".  
                        Los restos mortales de Reinaldo Armando Aguirre y Freddy Alex Araya Navarro fueron entregados a la morgue local, desde donde fueron recogidos por sus familiares luego de conocido el comunicado oficial. 
                          La versión oficial que en sí era de gran debilidad quedó desmentida durante 1990, cuando por orden judicial se excavó la mina La Veleidosa y fueron encontrados e identificados legalmente los restos de los presuntos fugados, y hasta entonces desaparecidos, en condiciones tales que evidenciaban haber sido ejecutados.
                          La Comisión se formó la convicción que las muertes de las cinco personas ya individualizadas correspondieron a ejecuciones de prisioneros capturados, de responsabilidad de agentes del Estado, incurriéndose en grave violación de los derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:
              - Resulta inverosímil que un grupo de detenidos fuertemente custodiados, más aún si se considera que se pretendía buscar armas y explosivos, pudiesen haber intentado la fuga;
            - Además de lo anterior, por diversos testimonios confiables, consta que al menos algunos de ellos se encontraban en precarias condiciones físicas, producto de las torturas que habían recibido durante su reclusión;
            - Finalmente, la aparición de los cuerpos sin vida de los presuntos fugados en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos, escondidos en una mina y con indicios de haber sido ejecutados desmiente la versión oficial sobre su huida.
 (Informe Rettig)

Freddy Alex ARAYA FIGUEROA

El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el sector de la Mina "La Veleidosa", cerca de Tocopilla, los siguientes cinco detenidos:
              - Freddy Alex ARAYA FIGUEROA, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista; quien había sido detenido el 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un familiar, conducido al Cuartel de Investigaciones, desde donde fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos días después;
              - Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista; detenido el 4 de octubre de l973, por personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar.
              - Claudio Rómulo TOGNOLA RIOS, de 42 años de edad, Médico, militante socialista; quien fuera detenido el 16 de Septiembre de l973 en su domicilio, por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, trasladado a la Comisaría y luego recluído en la Cárcel. 
              - Luis Orozimbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 años de edad, ingeniero de ejecución, empleado de Cobrechuqui, militante socialista; detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo.  A pesar de ser buscado por sus familiares en diversos lugares de reclusión no obtienen noticias de su paradero hasta la publicación del comunicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da cuenta del intento de huida.
              - Carlos Miguel GARAY BENAVIDES, de 25 años de edad, supervisor en Cobrechuqui, militante comunista; quien fue detenido el 12 de septiembre por funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo.  Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la Cárcel. 
                          Según un comunicado oficial emitido por el Jefe de Plaza de                       Tocopilla, publicado en el diario "la Estrella" de Antofagasta, el 8  de octubre los detenidos en la Cárcel de Tocopilla, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy  Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda, fueron trasladados a una mina ubicada a 15 kms.  al norte de Tocopilla para cumplir una diligencia de la Fiscalía Militar.  Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros "desenterraba una gran cantidad de dinamita y amongelatina, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos. Como consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja Freddy  Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda.  El resto de los prisioneros lograron huir hacia el interior de la mina, pero por  antecedentes recogidos en el lugar del hecho se estima huyen lesionados".
                          Los restos mortales de Reinaldo Armando Aguirre y Freddy Alex Araya Navarro fueron entregados a la morgue local, desde donde fueron recogidos por sus familiares luego de conocido el comunicado oficial. 
                          La versión oficial que en sí era de gran debilidad quedó desmentida durante 1990, cuando por orden judicial se excavó la mina La Veleidosa y fueron encontrados e identificados legalmente los restos de los presuntos fugados, y hasta entonces desaparecidos, en condiciones tales que evidenciaban haber sido ejecutados.
                          La Comisión se formó la convicción que las muertes de las cinco personas ya individualizadas correspondieron a ejecuciones de prisioneros capturados, de responsabilidad de agentes del Estado, incurriéndose en grave violación de los derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:
              - Resulta inverosímil que un grupo de detenidos fuertemente custodiados, más aún si se considera que se pretendía buscar armas y explosivos, pudiesen haber intentado la fuga;
            - Además de lo anterior, por diversos testimonios confiables, consta que al menos algunos de ellos se encontraban en precarias condiciones físicas, producto de las torturas que habían recibido durante su reclusión;
            - Finalmente, la aparición de los cuerpos sin vida de los presuntos fugados en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos, escondidos en una mina y con indicios de haber sido ejecutados desmiente la versión oficial sobre su huida.
   (Informe Rettig)

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